Alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores con un objetivo compartido: situar en el epicentro de la acción a las personas y al planeta. Un propósito que define al último de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por las Naciones Unidas y que destaca, como señaló Paco Alós, director de RSC y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, por «su valor instrumental». Es decir, por ser una herramienta posibilitadora para la consecución del proyecto de construir «un mundo más justo» de forma transversal.
Con el objetivo de reflexionar sobre las alianzas necesarias para mejorar la financiación, la tecnología o los servicios de los que menos tienen, Levante-EMV ha reunido esta semana a siete ponentes con la colaboración de Caixa Popular, la Autoridad Portuaria de València (APV) y Facsa dentro de su programa de debate y difusión de los ODS de Naciones Unidas. La mesa redonda ha contado con la presencia de Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática; Zulima Pérez, directora general de Coordinación de Diálogo Social de la Generalitat Valenciana; Ángel José Adán García, coronel del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad; Fernando Ibáñez, presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CERS); Enrique Asensi, miembro de la junta directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGDs; Juan Manuel Díez, jefe de Planificación de la Autoridad Portuaria de València; y Paco Alós en representación de Caixa Popular. El periodista Julio Monreal ha moderado el encuentro.
Compromiso autonómico
Según la consellera Rosa Pérez, «el Botànic está altamente comprometido con los ODS». Actualmente, desde el departamento que encabeza trabajan en «cláusulas sociales relativas al trabajo digno, la protección ambiental, etc.», explica. En este sentido, se impulsó la Alianza de las Ciudades por el Desarrollo Sostenible y se firmó, el 11 de abril del pasado año, un acuerdo que prometía aumentar el presupuesto autonómico en materia de cooperación. Un año después, la apuesta del Ejecutivo valenciano tiene su máximo exponente en la creación del denominado Alt Consell Consultiu per al Desenvolupament de l'Agenda 2030, así como la asignación de casi 34 millones de euros -diez veces más que en 2015- a proyectos de cooperación, tanto a escala local como internacional. Unas partidas presupuestarias que, como señala la consellera, han incentivado acciones de sensibilización en ámbitos educativos, ayuda humanitaria e, incluso, la iniciativa Producción Agropecuaria y Sostenible en Bolivia, con una dotación de 300.000 euros. «Hay que pasar de los compromisos a la acción», sentencia Pérez Garijo.
Y es que, como coinciden en señalar tanto la consellera como la directora general, la importancia de estas «políticas palanca» que inciden en ámbitos como la economía circular, el cambio climático o la agenda urbana, entre otros, reside en su «transversalidad». «Que la Comunitat Valenciana sea uno de los territorios más valorados en materia de responsabilidad social se debe a que el trabajo se ha realizado de forma conjunta», afirma la directora de Coordinación de Diálogo Social, lo que considera «el valor más importante del ODS 17». En este sentido, para conseguir pasar de los «compromisos a la acción», el punto de partida debe ser el ámbito local. «Teníamos que territorializar la agenda para poder pasar de lo abstracto a lo concreto», puntualiza Zulima Pérez.
«El Gobierno valenciano fue el primero que puso sobre la mesa la importancia de los ODS, en el mismo fin de semana en el que los aprobaba la ONU. Pero la agenda es de todos, no solo de las Administraciones». Por ello, entiende como fundamental la colaboración público-privada en el ámbito social.
«Si el objetivo número 17 se cumple, se cumplirán también todos los demás. Para ello, se tienen que dar esfuerzos combinados entre todas las administraciones junto a la intervención del sector económico y la sociedad civil», concluye la consellera Rosa Pérez.
Sinergias público-privadas
Una de las virtudes de los ODS, según destaca Paco Alós, director de RSC y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, es que «implican a la sociedad civil -empresas y organizaciones-, que desempeña un papel fundamental por su capacidad de afección al entorno». «Los objetivos de las Naciones Unidas nos permiten tender alianzas entre diversas empresas, cuya capacidad de decisión y acción es más rápida que la de las administraciones públicas. Hacen falta alianzas privada-privada». Así, como consecuencia del marcado carácter social de la cooperativa, la ayuda a entidades sociales es uno de los valores intrínsecos de Caixa Popular, pues posibilita el flujo de conocimientos y el aprendizaje de nuevas metodologías de trabajo, además de su implicación solidaria.
«Tenemos objetivos económicos, pero también sociales. En estos últimos no somos expertos y debemos colaborar en consonancia con entidades sociales», explica Alós. Esta voluntad se plasma en acciones diversas como el plan «Estalvi Solidari», junto al Club de Empresas Responsables y Sostenibles, o la cooperación con la Fundació Horta Sud y Nova Terra. De hecho, en el último año la entidad bancaria ha invertido 1.800.000 euros en la financiación de iniciativas sociales, de los cuales el 55 % está destinado a proyectos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más de 50 acciones, subraya Alós, vinculadas a «reforzar el tejido social» y con el conocimiento y la transparencia como ejes de actuación.
Otra de las entidades que ha realizado una fuerte apuesta en este campo es la Autoridad Portuaria de València (APV), que trabaja de forma estrecha con las Naciones Unidas a través de la UNCTAD en materia de comercio y desarrollo. Según defiende su jefe de Planificación, Juan Manuel Díez, «los puertos son puertas de entrada no solo de mercancía y riqueza, sino también de conocimiento y libertades». Por ello, la APV colabora en proyectos de fortalecimiento de distribución en países en vías de desarrollo, llegando a crear la Red de Habla Hispana que incluye a países como Bolivia, Perú o Ecuador, entre otros. Centrados en las labores de «formación y fortalecimiento institucional de los puertos -nuestro know how nos permite trasladar políticas enriquecedoras-», su propósito es «promover un comercio más justo», para lo que necesitan que los puertos sean «sostenibles y funcionales».
Además, sus proyectos transoceánicos también se han desarrollado en naciones asiáticas, como Indonesia, o africanas, como es el caso de Ghana. Una de las muestras más constatables de este demostrado compromiso social es la decisión de inspirar en los ODS todo el nuevo Plan Estratégico de la APV, que actualmente se encuentra en proceso de licitación.
Como señala Fernando Ibáñez, cada vez son más las empresas concienciadas con el impacto social de su actividad económica. Defensor de una legislación inclusiva en la que «todos los agentes sociales deben estar representados», el presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CERS) enumera cinco ejes sobre los que estructurar este objetivo. Así, destaca los encuentros temáticos sostenibles desde un punto de vista práctico y sometido a la revisión de indicadores; la acción social, mediante líneas económicas y de voluntariado; la comunicación; la representatividad; y, por último, la formación gracias a un máster con la Universidad Europea.
«Ya no es importante solo el qué, sino el cómo. Los ODS han pasado de ser algo voluntario a algo obligatorio para las empresas. Hemos sido acusados injustamente de ignorar los temas sociales y ahora lideramos el impacto social positivo», defiende Fernando Ibáñez, cuya entidad se compone de 28 empresas comprometidas con las prácticas de desarrollo sostenible y socialmente responsable.
Defensa de la «economía social»
Las organizaciones de ayuda al desarrollo, por su parte, insisten en la necesidad de «ponerse frente al espejo», como recalca Enrique Asensi, directivo de la Coordinadora de ONGD. «Tras cinco años desde el establecimiento de los ODS, hay que hacer una revisión exhaustiva de la situación, nos estamos quedando cortos», afirma. El presupuesto de la Generalitat para ayuda al desarrollo alcanza hoy el 0,147 % del total, lejos aún del 0,7 % fijado como meta que la consellera Pérez Garijo anuncia para 2030, aunque las ONGD afirman que son conscientes de las dificultades financieras. «Reivindicamos un sistema socioeconómico más justo que ponga en el centro a las personas. Para solucionar las desigualdades debemos cambiar el modelo económico», asegura con contundencia Asensi. Una «economía social» en la que el objetivo no sea solo ganar dinero, sino ser sostenibles y establecer acuerdos.
Y este hecho pasa, inexorablemente, por el establecimiento de puntos en común y requiere preceptos defendidos por Paco Alós como «claves para las alianzas», como generosidad y confianza. Un posicionamiento al que el coronel Ángel José Adán García añade la seguridad. «Cuando hablamos de cooperación nos olvidamos de que el paso previo para la gobernanza en un país y el desarrollo de sus instituciones sociales es que exista un mínimo de seguridad. Sin ella nadie apuesta por el futuro y es el primer paso para conseguir la libertad». Respecto a las alianzas anteriormente mencionadas, asegura que son «multiplicadoras», pues los actores que las establecen «están sometidos al imperio de la ley con un marco ético similar, y de esta forma, exportan valores».
Tras una larga trayectoria con misiones internacionales en Líbano y Afganistán, el coronel mantiene que desde el Ejército se aboga por proyectos de impacto rápido que mejoren la vida de la población, como la creación de infraestructuras y la transmisión de valores como la democracia y la igualdad». «Hacíamos escuelas para que los niños estuvieran escolarizados y no se pasaran al bando talibán, pero cuando estaban hechas el problema era encontrar profesores», comenta.
