La Fiscalía General del Estado denuncia la desigualdad territorial de los juzgados a la hora de conceder medidas de protección a las víctimas de violencia machista: la media nacional fue del 70 %, pero varía del 52 % de Cataluña y el 54 % de la Comunidad de Madrid al 87 % de la Comunitat Valenciana y el 86 % de La Rioja. Es así la valenciana la autonomía líder en órdenes y medidas de protección para las víctimas en el año en que comenzó a funcionar la oficina integral de denuncias de la Generalitat, inaugurada en abril de 2019 en la Ciudad de la Justicia de València.
La Memoria de la Fiscalía relativa a ese año evidencia las diferencias en la actuación judicial contra la violencia de género entre las distintas comunidades autónomas y provincias. Los juzgados que más medidas de protección cautelares aprobaron fueron los de Salamanca (97,7 %), Granada (96,8 %) y Burgos (95,2 %), mientras que los que concedieron menos fueron los de Sevilla (44,5 %), Valladolid (45,6 %) y Barcelona (46,7 %).
«Hemos de insistir en que esta diferencia de criterios en los juzgados genera inseguridad jurídica incompatible con las campañas de incentivación de denuncia que desde todos los sectores sociales e institucionales se aconseja», subraya Delgado.
Recuerda la Memoria que en 2019, un total de 59 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y que casi el 80 % de los crímenes se cometieron fuera de capitales de provincia, lo que «pone sobre la mesa la necesidad de un mayor despliegue territorial para que los medios y recursos lleguen a todas las víctimas, con independencia de dónde residan».
El Ministerio Público ha solicitado «instrumentos y herramientas adecuadas» para afrontar esta violencia y «batallar contra la impunidad que la sociedad percibe en estos delitos». Entre ellos, la dotación de las unidades de valoración forense y de las oficinas de atención a las víctimas, así como la reforma del artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a la víctima acogerse al derecho a no declarar y que «está en el origen de un apreciable porcentaje de sentencias absolutorias».
No declarar «perturba» el proceso
Los fiscales consideran la dispensa un «elemento perturbador» que pervierte el carácter público de la violencia de género, que «puede ser otro elemento de presión sobre una víctima tan vulnerable» y que genera sensación social de impunidad.
La Fiscalía ha instado asimismo a «mirar hacia los agresores, los verdaderos culpables, con quienes se debe trabajar para asegurar su efectiva reinserción en la sociedad» y evitar que reincidan en la violencia.
El Ministerio Público alerta de que sigue aumentando el número de menores de edad enjuiciados por delitos de violencia contra la mujer -312 frente a los 249 de 2018-y el incremento de «los asesinatos de menores o de personas cercanas al entorno afectivo de las mujeres», la forma vicaria de la violencia machista.
El informe recoge «54 ataques muy graves y muchas veces con medios peligrosos» que han puesto «en riesgo concreto y grave la vida o la integridad de la mujer, de su familia o de sus hijos menores». De los 54 casos, el 37 % había de un porcentaje «muy superior al índice de asesinadas que habían denunciado con anterioridad», que se sitúa en el 25,4%. Además, en 2019 descendió casi un 7% el número de mujeres asesinadas que habían denunciado a su agresor.
El dato es preocupante, sobre todo si además se tiene en cuenta que aumentaron los crímenes en 2019: 59 frente a las 51 del año anterior. El hecho de que el 75% de las mujeres asesinadas el año pasado no denunciara su situación, supone para Delgado un reflejo de la «desconfianza hacia el sistema judicial». La Fiscalía ha estudiado los 15 casos en los que la mujer había denunciado para conocer qué falló en el sistema. En el 40 % de ellos (6 mujeres) no se acordaron medidas de protección porque el proceso se interrumpió al no declarar la víctima, por lo que la Fiscalía ha incidido en esa modificación de la dispensa de no declarar contra el agresor.
