La sentencia del Tribunal de Cuentas sobre la compra de Valmor, la empresa que organizó las carreras de Fórmula, que absolvía a dos exconselleras y cuatro exdirectivos al no ver perjuicio para el erario en sus decisiones ya es firme, al no recurrir la Abogacía de la Generalitat el fallo.
La Generalitat reclamaba a las exconselleras de Cultura y Deporte con el PP -Trinidad Miró y Lola Johnson-, tres exdirectivos de la empresa Circuit del Motor entre 2011 y 2012 y un ex alto cargo del Consell -José Miguel Escrig, Julio García, Blanca Tomás y Luis Lobón (que suscribió el contrato de adquisición de Valmor en representación de la Generalitat)- la cantidad de 24 millones de euros, que era la deuda que tenía Valmor cuando fue adquirida por 0,99 euros por la Generalitat el 7 de marzo de 2012.
Subsidiariamente, la Generalitat pedía 14,6 millones a estas mismas personas y a la exconsellera Trinidad Miró (presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2007 a 2011) por los gastos que Valmor Sports no pagó a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula Uno de 2008, 2009 y 2010. Peticiones que, como ha contado Levante-EMV, cayeron en saco roto ya que el Tribunal de Cuentas no vio perjuicio para las arcas públicas en esta decisión.
Recurso «abocado al fracaso»
Tras este varapalo judicial al Consell, a la Generalitat sólo le quedaba el recurso al Tribunal Supremo aunque, como admitía la Abogacía de la Generalitat en un escrito interno, el recurso estaba «abocado al fracaso» por lo que «atendiendo a la cuantía del recurso y a la dificultad de que prospere el recurso de casación» se desistía a plantar batalla ante el Supremo.
El finiquito a este proceso judicial por responsabilidad contable -que no se ha podido demostrar- abre ahora la vía para que las defensas comiencen a preparar las minutas ya que tras desestimar el recurso, el Tribunal de Cuentas condenó a la Generalitat y a la empresa pública Circuit del motor al pago de las costas. La minuta se calcula en función de la cuantía que se reclamaba a lo que hay que añadir que el proceso se ha celebrado en Madrid, lo que también eleva la factura final. Las defensas de los seis acusados van a comenzar a preparar los escritos para reclamar el pago de los costes sobrevenidos por esta demanda fallida que podría oscilar entre un millón y 1,5 millones de euros, según las diferentes fuentes consultadas por Levante-EMV.
