La primera derrota parlamentaria del Gobierno de coalición fue celebrada ayer por buena parte del municipalismo valenciano como una victoria de David contra Goliat. El Congreso derogó ayer el decreto de los remanentes municipales, la herramienta con la que el Ministerio de Hacienda buscaba dar vía libre a los consistorios a gastar sus superávits a cambio de entregar voluntariamente sus ahorros al Gobierno a través de un préstamo que les sería devuelto a lo largo de 10 años.
Solo el PSOE y finalmente también Unidas Podemos secundaron la votación de ayer en Madrid, que no solo ha generado fricciones entre los socios del Ejecutivo central desde el inicio de la negociación sino a nivel autonómico y municipal, también en la Comunitat Valenciana entre el PSPV y Compromís, que ayer vivió otro episodio. La formación valencianista y el PP han rechazado de plano la propuesta desde el inicio. El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, lamentaba ayer en declaraciones a este diario lo que entiende como una «votación para desgastar al Gobierno» por parte especialmente del PP pero que, sin embargo, «a quien desgasta realmente es a los ayuntamientos, que seguimos sin poder disponer de nuestro dinero». «Es una mala noticia porque suma más incertidumbre en un momento ya de por sí incierto», defendió en referencia a la crisis de la covid y las dudas sanitarias, económicas y sociales que comporta la pandemia. «¿Y ahora qué?», se preguntaba ayer el dirigente socialista.
Ese es el enigma que se abre ahora, después de las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minutos antes de la votación: «No habrá segunda oportunidad», advirtió. Sin embargo, todas las reclamaciones de los consistorios iban ayer dirigidas a que Moncloa tome nota de los fallos cometidos en el proceso de negociación. «El decreto no se ha negociado lo suficiente», criticó el alcalde de València, Joan Ribó. El edil de Compromís pidió una nueva negociación basada en tres pilares: que los 5.000 millones se repartan en base a un criterio poblacional, que mantengan su aportación específica al transporte urbano y la derogación de la «ley Montoro», la norma que veta a los ayuntamientos a disponer libremente de sus remanentes.
El presidente provincial del PP, Vicente Mompó, celebró haber evitado el «atropello» y la «expropiación» que hubiera supuesto el decreto y reclamó «abrir un proceso de diálogo» con el Gobierno para que los consistorios «reciban ayudas para afrontar la crisis». La polémica norma volvió a crear fricciones a nivel local entre el PSPV y Compromís. La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, lamentó en Twitter que no daba «crédito» a que «Compromís haya votado no». «València pierde 90 millones. Ahora explicad de dónde vais a recortar. El PPCV seguro que está muy contento y os vuelve a aplaudir». El mensaje fue replicado por el diputado de Compromís, Joan Baldoví. «Mientes Sandra, y lo sabes (...) Se puede hacer otro decreto pero negociado, no impuesto. Menos reproches, más humildad y a negociar», zanjó.
