A la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, no le será fácil sacar adelante el decreto de teletrabajo. La propuesta, que ha sido remitida ya a las conselleries y que luego se enviará sindicatos, ha despertado recelos que vaticinan una negociación difícil. Los departamentos de Compromís, los que más han apretado estos meses para que el Consell permita el trabajo no presencial en la Generalitat, tienen de plazo hasta el día 15 para alegar pero su filosofía no les convence. La principal pega que ven es que no facilita la implantación del teletrabajo mientras dura la alarma .
El proyecto distingue entre situaciones de crisis y ordinarias. Las primeras facilitan el procedimiento para que la plantilla trabaje telemáticamente, pero debe adoptarse un acuerdo del Consell. De forma ordinaria, para poder teletrabajar un máximo de tres días a la semana, las subsecretarías deben presentar un programa de teletrabajo y este ajustarse a una serie de requisitos. Los sindicatos, que conocen ya extraoficialmente el documento, tampoco están entusiamados. UGT, de momento, se ciñe a las dudas jurídicas que le despierta el texto porque entienden no respeta varios puntos del marco europeo sobre teletrabajo. La evaluación por objetivos o el veto a que los puestos de jefatura opten al teletrabajo son dos puntos de discordia. Comisiones, por su parte, no ve claras las cuestiones relacionadas con la jornada, la desconexión digital y las cuestiones relacionadas con la salud en el trabajo . Más duro se muestra de entrada Intersindical para quien en una primera lectur a el decreto es una oportunidad perdida y una estafa. El sindicato entiende que reproduce las mismas trabas que ya tiene la actual normativa que ha sido un fracaso porque nadie teletrabajaba antes de la pandemia. El CSIF , por su parte, pone el acento en el retraso en la tramitación de la norma y exige que se agilice. Además, cuestiona que no se haya permitido teletrabajar más allá del confinamiento .
