«No hay que buscar culpables sino soluciones». Esa fue la premisa expuesta ayer por Compromís a través de su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, y del alcalde de València, Joan Ribó, en una comparecencia 24 horas después del terremoto provocado por la derogación del decreto de superávit que permitía a los ayuntamientos disponer de parte de sus remanentes y que ha abierto una brecha entre la coalición y el PSPV. Pese al llamamiento, ni unos ni otros enterraron el hacha de guerra con sus declaraciones de ayer.

Los mandatarios de Compromís exigieron al Gobierno reactivar las negociaciones la semana que viene y volvieron a cargar contra el estilo negociador de Hacienda durante el proceso, «un manual de malas negociaciones» según Baldoví, a la vez que marcaban perfil propio respecto al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por su parte, la vicealcaldesa socialista de València, Sandra Gómez, acusó a la formación valencianista de que «el minuto de gloria de Baldoví» puede costar solo a esta ciudad 90 millones de euros. Ribó, en un tono más conciliador que su compañero, pidió «reflexión y diálogo» a los socialistas.

«Este mismo martes -en el Consejo de Ministros- puede haber un nuevo decreto», apremió el diputado valencianista. «Llamamos formalmente a Sánchez y Montero a iniciar la semana que viene la ronda de contactos para aprobar el nuevo decreto». Compromís volvió a insistir en sus exigencias ya expuestas el día de la votación: que el reparto íntegro se ejecute teniendo en cuenta el criterio poblacional; que siga incluyendo una «aportación inmediata» a las empresas municipales de transportes, muy afectadas por la pérdida de usuarios, y derogar la ley Montoro.

Sin embargo, desde el Gobierno se mantenían ayer reacios a la posibilidad de abrir un nuevo diálogo en los mismos términos del decreto ley. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguró que con el rechazo quien pierde «son los ayuntamientos» y que, aunque admitió que la norma «era insuficiente», ahora «habrá que ver otro escenario». Baldoví ya tachó de «indecente» el ultimátum lanzado por Montero el jueves en el Congreso, asegurando que «no habría una segunda oportunidad». El diputado aprovechó para trasladar presión al Ejecutivo socialista y, de paso, marcar distancias ideológicas entre ambas formaciones. «Llevan dos años gobernando y la regla del gasto, la reforma laboral y la ley mordaza siguen vigentes», recriminó.

La portavoz del PP en València, María José Català, reclamó consenso y afeó las «guerras y batallitas de egos» en redes sociales.