Hablemos de la gestión de mayores, muy de actualidad. ¿Han cumplido las expectativas que se marcaban en 2015?
Para eso hace falta mucho más tiempo, porque nuestra expectativa es un modelo de servicios sociales como el que está diseñado en la ley de 2019. Pero se ha avanzado y estamos satisfechos. Ahora todo el mundo habla de que hace falta un cambio de modelo residencial, pero es que lo elaboramos en 2019.
Pero cuesta ponerlo en práctica.
Claro, porque hay que transformarlo en servicios y residencias nuevas. Ya tenemos adjudicado el proyecto de Sant Mateu, que es lo más parecido al modelo que queremos: pequeñas unidades de convivencia donde el modelo residencial está concebido como último recurso.
¿Nada de medicalizar residencias, a pesar de que se ha pedido en este tiempo?
En absoluto. Eso es un horror, porque las residencias son hogares. Aspiramos a que lo sean.
¿Nada de lo que ha sucedido en residencias como las de Llíria, Torrent o Alcoi es responsabilidad del Consell?
¿Qué de todo, porque son situaciones muy distintas?
Se puede resumir como trato indebido a los mayores.
En el caso de Llíria esa residencia había tenido cuatro visitas de inspección en 2019 y una propuesta de sanción. Se ha estado encima. Puede haber casos que no se hayan detectado porque en 2015 la inspección eran siete personas. Estaba todo desmantelado. Con la ley de 2019 vamos a un inspector cada 150.000 habitantes, que estamos incorporando. Es la batalla cada mes con Hacienda.
¿Su conclusión es que habría que echar a la iniciativa privada de la gestión de la atención a mayores?
No creo que haya que sacar a la iniciativa privada. Es irreal porque la mayor parte del sistema está privatizado, pero los esfuerzos han de encaminarse al refuerzo de la oferta pública. Hace falta residencia pública de gestión pública, porque regula el mercado. En otros ámbitos, la red y la gestión tienen que ser netamente públicas, como la salud mental y la infancia. Todo el sistema de protección de infancia debería ser netamente público.
La renta valenciana de inclusión hay quejas de que va demasiado lenta. Hay casos de hasta dos años. ¿Es aceptable?
No, pero tiene varios factores. El caso que publicabais hace unos días lleva tres meses en la consellería, que es el plazo que tenemos para resolver. Se ha tirado casi dos años en el Ayuntamiento de Paterna. Podríamos ir más rápido, es verdad, pero estamos a la espera de la inyección de la Conselleria de Hacienda.
Al final, para los más vulnerables la sensación es€
Desesperante. Porque el ingreso mínimo vital, que era la esperanza, tampoco funciona como debería.
