Las residencias de mayores presentaron un plan de contigencia ante la pandemia de la Covid-19 pero, a día de hoy, aseguran que aún no cuentan con la validación del mismo por parte de la Conselleria de Igualdad, por lo que los centros continúan su funcionamiento sin saber si el plan es el correcto o hay aspectos que modificar. Por ello alertan de que «la inactividad de la conselleria está poniendo en riesgo a los propios centros». Desde el departamento que dirige Mónica Oltra, por su parte, culparon de esta situación al retraso de los centros a la hora de presentar los planes de contingencia, además de afirmar que la Administración tiene de plazo hasta el 1 de octubre para revisar estos planes. En la resolución de la conselleria, de 29 de mayo, por la que se establece el plan de actuación en las residencias de mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, se recoge la obligación de presentar un proyecto de contingencia para preparar al centro para prevenir que el virus entre en las residencias y, al mismo tiempo, establecer cómo se debe actuar en caso de que se produzca algún caso. En la misma, se indica que el plan debe ser validado por la Dirección General de Personas Mayores. Sin embargo, desde la patronal de residencias Aerte aseguran que solo tienen constancia de un plan validado en una residencia de Alicante. «Menos este centro el resto de residencias consultadas afirma que presentaron el plan y continúan esperando respuesta, algunos desde junio y la gran mayoría desde julio», avisaron desde Aerte.

«Ya en mayo, cuando se planteó esta medida, nos pareció que iba a provocar un cuello de botella en el departamento y así ha sido. Hay planes presentados el 7 de junio que siguen sin ser validados con lo que llevamos tres meses esperando. Este plan tiene carácter preventivo, por lo que si solo se revisa cuando se han producido contagios, pierde todo el sentido. Se necesita una respuesta rápida para que sea eficaz y no se está cumpliendo», afirma el presidente de Aerte, José María Toro. Esta tardanza genera «una gran inseguridad» en los centros, ya que desconocen si la propuesta de su plan es correcta o si necesita algún ajuste. «En marzo, los centros tuvieron que preparar un primer plan de contingencia para la Consellería de Sanidad, que fue revisado por parte de los inspectores de la misma, en el propio centro, o que mejoró la calidad del mismo, y en un plazo de dos semanas estuvieron todos revisados. Propusimos seguir este procedimiento en Igualdad, pero nos contestaron negativamente», añade Toro. El plan de contingencia de Igualdad es similar al de Sanidad, pero «añadiendo alguna información más sobre el personal, stocks de materiales de protección disponibles, protocolos de desinfección, de visitas y de salidas de personas usuarias». Además, «se recoge la obligación de contar con la posibilidad de aislar al 10 % de las personas usuarias, o en habitaciones o en espacios comunes debidamente adaptados. Los centros pueden hacer reubicaciones para cubrir esta necesidad o utilizar parte de sus instalaciones para poder llevar a cabo esta medida pero no es necesario que mantenga el 10 % de esas plazas libres, lo que además sería imposible en muchos centros por la ocupación casi plena que tienen. No vamos a echar usuarios a la calle», asegura Toro, tras criticar que las direcciones territoriales estén aplicando esta normativa exigiendo a los centros que tengan esas plazas libres, lo que está impidiendo atender a mucha gente que necesita los servicios y disminuyendo los ingresos».

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