La España diversa de 2020 presenta singularidades como esta: la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar algo más de 905 millones por un impuesto (el de Patrimonio), que bonifica al 100 % a sus ciudadanos. La cifra representa casi el total de la infrafinanciación valenciana según los últimos cálculos del laboratorio económico Fedea: la brecha en el reparto de la financiación autonómica es de 203 euros por cada valenciano con respecto a la media española, lo que significa que la Comunitat Valenciana debería recibir 1.016 millones más para ni ganar ni perder en relación al resto de territorios. La Agencia Tributaria publicó recientemente la estadística del impuesto de Patrimonio de 2018 y el resultado evidencia las disparidades de la actual España de las autonomías. El dato es especialmente llamativo en un contexto de mengua de los ingresos propios y de aumento del gasto por las exigencias de la emergencia sanitaria. Y en un momento, además, en que el Gobierno debería estar preparando una propuesta de nueva financiación autonómica.
El acuerdo de investidura con Compromís es que antes de noviembre pondría encima de la mesa un borrador de un modelo más justo. El actual, caducado desde 2014, deja sistemáticamente a la C. Valenciana como la peor financiada. La coyuntura es también la de una discusión política sobre qué hacer con los impuestos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), dijo ayer que su Gobierno acometerá a lo largo de la legislatura una rebaja de medio punto en todos los tramos del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF). Lo anunció en la primera sesión del debate del estado de la región, donde defendió una «fiscalidad justa» en lugar de «asfixiar». Esta tesis es la que defienden PP y Ciudadanos también en el ámbito valenciano. Toni Cantó (Cs) la ha puesto como requisito de partida para respaldar los presupuestos de la Generalitat de 2021. Sin embargo, la izquierda lo ve de otra manera. La «nueva fiscalidad» por la que abogan Compromís y Unides Podem pasa por gravar las grandes fortunas, los impuestos verdes y la conocida como tasa Google. No obstante, los socios del Gobierno del Botànic transigieron en el acuerdo de reconstrucción para no concretar estos cambios impositivos (aparcarlos, por tanto) y atraer al centroderecha al pacto. Los 905 millones que Madrid dejó de ingresar en su última liquidación de impuestos tienen que ver con la armonización fiscal que el president de la Generalitat, Ximo Puig, y toda la izquierda valenciana reivindica. El jefe del Consell ha llegado a tildar a la capital de «paraíso fiscal» por el perdón de tasas que puede realizar al tener unos altos ingresos asegurados al estar allí la sede de la mayoría de grandes empresas.
La armonización fiscal, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido, se traduce en evitar la disparidad en el tratamiento impositivo entre territorios. La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, apuesta por que la Comunitat Valenciana se una a Madrid y bonifique el pago de tasas para atraer empresas. Los datos de la Agencia Tributaria son significativos de la pluralidad impositiva española. La C. Valenciana recauda 142 millones entre 21.559 declarantes. Mientras, Madrid debería ingresar 905,5 millones de 17.298 personas, pero recoge cero euros porque bonifica todo el importe. Que haya menos declarantes que en la C. Valenciana a pesar de contar con más población y tejido empresarial puede ser un indicio de una bolsa de fraude. La otra comunidad que bonifica este impuesto es la Rioja (un 75 %) por la proximidad con Navarra y País Vasco, pero su cuota total representa una cantidad menor: 15,5 millones. Según algunos estudios de expertos, Madrid renunciaría en total cada año a más de 4.000 millones por rebajas en los impuestos cedidos e IRPF.
La Generalitat ultima su mayor operación de refinanciación de deuda
La Generalitat Valenciana va a conseguir un ahorro de alrededor de 12 millones de euros después de que CaixaBank haya aprobado un crédito de 1.000 millones de euros a interés cero para refinanciar deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Se trata de la mayor operación de refinanciación que se ha concedido al Botànic, por un importe que incluso ha superado las expectativas del Gobierno valenciano. De hecho, las ocho operaciones de refinanciación -consistentes en sustituir préstamos ya existentes por otros en mejores condiciones- han sumado un importe global de 1.866 millones de euros y han generado un ahorro total de 43,58 millones, como ya informó este diario. La Generalitat no pudo salir a los mercados a refinanciar deuda de 2011 a 2017 como consecuencia de la crisis financiera y los efectos en la reputación de las cuentas públicas. El Consell del Botànic defiende que ha revertido esa situación y ahora goza de solvencia ante las instituciones financieras. De ahí, añaden fuentes del Ejecutivo, las operaciones aprobadas por el Banco Europeo de Inversiones. La iniciativa ahora con CaixaBank (con mejores condiciones que el FLA) también evidenciaría la voluntad de la entidad de mantener una relación especial con el territorio de su sede social.
