«Hemos salido perdiendo». La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, repitió ayer hasta en cuatro ocasiones esta afirmación con la intención de atemperar los ánimos de quienes celebran como una rectificación la nueva propuesta del Ministerio de Hacienda para aliviar las estrecheces financieras de los ayuntamientos, después del rechazo del Congreso al decreto inicial que debía liberar los remanentes municipales.
Calero señaló a los consistorios como los principales perjudicados de un revés parlamentario del que responsabilizó a los intereses partidistas y al «afán de derrotar al Gobierno», enviando así un mensaje no solo a la derecha, sino también a Compromís.
La delegada aseguró que, entre el primer planteamiento y el segundo, las entidades locales se dejarán por el camino 2.000 millones de euros, el resultado de restar los 5.000 millones que en un principio prometió movilizar el Gobierno a cambio de la cesión de los ahorros municipales y los 3.000 millones en los que se calcula el impacto del nuevo decreto preparado por Hacienda, que suspenderá la regla de gasto para dar liquidez a las corporaciones pero sin desbloquear los remanentes paralizados por la Ley Montoro. La forma de poner en circulación esos fondos, a través de un préstamo gestionado por el Gobierno reembolsable en un plazo de diez años, fue el principal escollo que precipitó al fracaso de la propuesta inicial.
Calero insistió ayer en que no hay otra alternativa para liberarlos. «Los ayuntamientos valencianos iban a recibir 400 millones de euros que hacen falta para recuperar la economía y ahora no sé cómo va a quedar», incidió la delegada, que, en cualquier caso, puso en valor los cambios introducidos por Hacienda para «no dejar a nadie atrás». «El Gobierno es el que más lealtad está demostrando a las administraciones», remachó.
Otra patata caliente para el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana con vistas al nuevo curso político es la reforma de la financiación autonómica. Aunque el ministerio se comprometió a presentar el esqueleto del nuevo modelo entre octubre y noviembre, varias voces dan por descartada ya esa posibilidad en la coyuntura actual. Calero evitó ayer poner fecha al borrador, pero dejó claro que ahora mismo la prioridad absoluta del Gobierno no es otra que aprobar las cuentas de 2021. «Si no hay presupuestos no hay financiación y va a ser todo más difícil», advirtió la delegada, no sin antes indicar que el gabinete de Sánchez «lleva solamente 9 meses» en el poder. La delegada apeló a los partidos políticos para que «asuman su responsabilidad» y ayuden a rebajar la crispación política» con tal de llegar a acuerdos en un clima de mayor unidad. «Necesitamos unos nuevos presupuestos y esto parece el patio de un colegio. No puede ser que en una situación tan crítica estemos con estas tonterías de adolescentes», ahondó.
Cogobernanza «leal»
Calero también puso los presupuestos como la única vía posible para comenzar a reducir las desigualdades entre comunidades autónomas, preguntada acerca del dumping fiscal del que acusa el Consell a la Comunidad de Madrid, que agrava la brecha de riqueza con la C. Valenciana. «El tema de las desigualdades se tiene que gestionar desde la cogobernanza y la lealtad, a través de un debate abierto con las comunidades», señaló.
La delegada, que va a iniciar una ronda de contactos con los agentes sociales y económicos para «escuchar sus necesidades» y hacer frente común con la Generalitat ante la crisis, recordó que el presupuesto presentado por Sánchez en 2019 -que fue tumbado por el Congreso- reflejaba un a inversión de 1.190 millones en la Comunitat Valenciana, territorio que, en los próximos meses, recibirá cerca de 700 millones para cubrir gastos sanitarios y compensar la reducción de ingresos.
Calero también incidió en que esta es la tercera comunidad en la que más obra pública se ha licitado en los primeros siete meses del año (152 millones), lo que supone un incremento del 10,5 % en relación con el ejercicio pasado. Además, más de 410.000 trabajadores han recibido la prestación por ERTE y el ICO ha avalado operaciones a más de 56.100 empresas valencianas por 7.800 millones. Los próximos meses, dijo la delegada, «van a ser decisivos para el futuro de la Comunitat Valenciana», con la mirada puesta en «aprovechar el enorme caudal crediticio que ofrece la Unión Europea». También reconoció la necesidad urgente de limar los problemas que está generando la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.
