El grupo parlamentario Compromís ha presentado esta mañana en el registro de las Corts Valencianes una proposición no de ley de tramitación urgente en la que pide que el parlamento valenciano reclame al Estado un déficit público asimétrico para los valencianos, que sea como mínimo equivalente al concedido al País Vasco, del 2'6% para 2020.

Compromís considera que ese déficit es necesario para acceder a una liquidez que es vital para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales en la Comunitat Valenciana, teniendo presente que la actual financiación autonómica perjudica nuestro acceso a recursos en iguales condiciones que el resto de comunidades autónomas.

Ayer Ciudadanos ya anunció una declaración institucional para exigir el mismo déficit que el Gobierno ha acordado con el País Vasco y que, según el partido de Toni Cantó podría alcanzar una liquidez de hasta 3.000 millones de euros para las cuentas valencianas.

La síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas, asegura en la resolución presentada que la pandemia generada por la covid-19 y la crisis económica han producido que el acceso a liquidez se convierta en una cuestión indispensable para mantener nuestros servicios públicos fundamentales.

Añade que la injusta financiación que reciben los valencianos supone un obstáculo para acceder a unos recursos que son más necesarios que nunca. La demora en la reivindicada reforma de la financiación, al igual que en la activación de un mecanismo de compensación suponen el crecimiento continúo de la brecha entre comunidades autónomas.

"Los valencianos y las valencianas se merecen una financiación que pueda garantizar la llegada de recursos suficientes que posibiliten unos servicios públicos dignos, al igual que el resto de territorios del Estado", señalan. Una financiación que evite tener que recurrir a creación de deuda o a mecanismos compensatorios, como el FLA, que incrementan la deuda pública y debilitan la economía valenciana.

Añade Compromís que la pandemia ha hecho necesario una movilidad de recursos sin precedentes, con el consecuente coste sobre las arcas valencianas. Este hecho supone una carga añadida para unas finanzas que ya partían de una situación débil, como consecuencia de la infrafinanciación.

Aun así, ante la emergencia producida por la covid-19, a otros territorios del Estado, como es el caso del País Vasco y Navarra, el Gobierno les permite generar déficits más elevados de los que la actual regla de gasto permite a las administraciones de todo el Estado.

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