El Gobierno de España ha acordado en las últimas semanas con País Vasco y Navarra un déficit diferenciado para ambos territorios. La cifra no guarda simetría con la del resto de autonomías, de forma que vascos y navarros logran un déficit asimétrico, algo que la Comunitat Valenciana reclama sin éxito al Gobierno desde los tiempos de Alberto Fabra para paliar su infrafinanciación.
El acuerdo recoge un objetivo de déficit del 2,6 % para el País Vasco en 2020 y del 2,3 para Navarra. El acuerdo se cerró tras la valoración del impacto de la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica. Los socialistas dependen del PNV en el Congreso y gobiernan con los nacionalistas vascos en Euskadi.
Ambos acuerdos amplían la capacidad de recursos de ambas autonomías que ya cuentan con un sistema foral que les permite mantener una relación económica privilegiada con el Estado.
Navarra y Euskadi, al no ser comunidades de régimen común, se quedaron fuera del cuarto tramo del fondo covid de 16.000 millones emitido por el Gobierno central al recaudar sus propios impuestos, por lo que el Gobierno les ha ajustado el déficit para paliar la caída en la recaudación.
El déficit del porcentaje que el Gobierno autoriza al País Vasco permitiría a la Comunitat Valenciana obtener más de dos mil millones, en torno a los 2.600, dos veces los ingresos reivindicativos o ficticios (1.300) que cada año se incluyen en el presupuesto.
Cantó reprocha el privilegio
El portavoz de Ciudadanos en las Corts, Toni Cantó, denunció ayer el «privilegio» y exigió al Consell que pelee por un déficit que permita incluir en los presupuestos una partida real, que Cs cifra en 3.000 millones, frente a los 1.300 «ficticios. El diputado Tony Woodward añadió que un déficit como el vasco supondría pasar del autorizado del 0,2 % del PIB al 2,6 %, lo que aportaría 3.000 millones de euros más para Sanidad, Educación y Políticas Sociales.
Para ejercer más presión y obligar al Botànic y también a los partidos de la derecha a que se posiciones sobre esta cuestión (los privilegios económicos de vascos y navarros están blindados en la Constitución), Cs ha presentado una propuesta de declaración institucional en las Corts en la que reclama al Gobierno un déficit para todos los territorios sin privilegios. Hasta el momento es Vox el partido que ha vetado prácticamente todas las resoluciones institucionales ya que se necesita la unanimidad en las Corts para que estos acuerdos salgan adelante. La declaración institucional presentada por el partido de Cantó sostiene que año tras año la Comunitat Valenciana se ve perjudicada por el injusto sistema de financiación, que hace que los recursos que llegan a los valencianos para cubrir los servicios fundamentales sean muy inferiores a la media. Por ello exigen que el Gobierno de España autorice un déficit para la Comunidad Valenciana asimilable al concedido al País Vasco, de forma que se eviten recortes en la Comunitat Valenciana. Justo cuando no hay perspectiva cercana de renovación del modelo de financiación ya que el Gobierno de España quiere aprobar primero los presupuestos del Estado y después abordar la financiación. Reformar la financiación es un compromiso de investidura del Gobierno con Compromís.
Este otoño, el Gobierno se comprometió a presentar el esqueleto del nuevo modelo de financiación. Cantó dijo ayer que el nuevo retraso deja en situación delicada a Puig «y desvela a Compromís como tonto útil para la investidura de Sánchez».
«Valencianos discriminados»
«No hay ninguna razón para que los castellonenses, alicantinos y valencianos merezcan menos que los vascos o los navarros, es admisible», añadió ayer Cantó.
