La Generalitat quiere quedarse la finca familiar de Rafael Blasco en la Barraca d'Aigües Vives (Alzira) para reducir la deuda que mantienen los condenados en el caso Cooperación con la Administración autonómica. Pretende darle un uso social y considera que tiene un simbolismo en la lucha contra la corrupción. La casa rodeada de naranjos del exconseller fue lugar de encuentro habitual de dirigentes del PP en la etapa que controlaron las principales instituciones públicas. Blasco ha cumplido pena de prisión por una condena de seis años por el saqueo en las ayudas al Tercer Mundo.

La Generalitat y el exconseller mantienen un tira y afloja sobre la finca desde hace años. Blasco (sus representantes legales) presentó a principios de 2019 una oferta de compra de la propiedad por 410.000 euros, como públicó este diario. El dinero hubiera ido destinado a las arcas públicas. La Generalitat se opuso y pidió una valoración propia. Finalmente, el Tribunal de Cuentas encargó la tasación oficial al Colegio de Procuradores como paso previo a una subasta. La entidad puso un precio de 891.000 euros al inmueble.

Ahora, el tribunal ha convocado una vistilla para decidir el destino final de la finca. Las condiciones de la subasta prevén que no podrá ser adjudicada por menos del 70 % del valor de la tasación oficial (unos 624.000 euros), como es la norma. En ese caso, se le ofrece a la Generalitat la oportunidad de quedarse con el bien.

Sin embargo, la Generalitat prevé solicitar al tribunal que modifique los requisitos para la subasta, según aseguran fuentes del Ejecutivo de Ximo Puig. Pretende que se le permita quedarse con la finca al mismo que ofrezca el mejor postor.

Si la sala del Tribunal de Cuentas se opone a esta petición, considera otras opciones, como participar en la puja, según las citadas fuentes.

A la vistilla del próximo día 22 están convocados la Fiscalía, la Generalitat, el exconseller y el Colegio de Procuradores, encargado de la venta de la propiedad. En ella se debe decidir si se acepta o no la solicitud del Consell.

Los representantes del Botànic asumen que el precio final no alcanzará los casi 900.000 euros de la tasación oficial, pero están convencidos de que superará los 410.000 que Blasco ponía sobre la mesa y que hacía sospechar a la Administración de que el exconseller tenía intereses en esa operación. La cantidad queda lejos de los 2,7 millones que el Tribunal de Cuentas condenó a pagar a los acusados como reparación por los daños causados. Bienes de otros altos cargos deben salir a subasta a continuación