La Conselleria de Educación ha contratado a tres empresas de consultoría para que asesoren a los centros educativos públicos en la puesta en marcha de sus planes de contingencia. Estos documentos se basan en las instrucciones que desde el pasado mes de mayo han dado las conselleries de Educación y Sanidad y son la hoja de ruta de este curso, pues, en ellos, cada centro plasma la adaptación de las recomendaciones a su realidad concreta: detallan las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias de actuación en los diferentes escenarios que puede generar la pandemia. Por eso, en principio no hay dos planes de contingencia y continuidad iguales. En concreto, la Conselleria de Educación invertirá más de 250.000 euros para que las empresas asesoren, resuelvan las dudas y acompañen a los colegios e institutos hasta el 30 de septiembre. El contrato de mayor valor ha sido el adjudicado a Valora Prevención SL, por 120.960 euros; seguido del firmado con Cualtis SLU, por un importe de 95.840 euros; y el tercero de 37.920 euros a Unimat prevención SL, para encargarse del «servicio de asesoramiento y soporte para la elaboración de los planes de contingencia y continuidad de los centros docentes públicos». En total, los tres contratos suponen un montante de 254.720 euros, y se adjudicaron por el procedimiento de emergencia, pues se negociaron sin publicidad. Con esto, Educación ha externalizado parte de la tarea de supervisión y apoyo que, por competencias, le corresponde al Invassat (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball), dependiente de la Conselleria de Economía. Desde Educación argumentan que las empresas «complementan» la labor del Invassat ante el «gran volumen de centros educativos» a evaluar (más de 1.400 públicos de todos los niveles) y la «urgencia de desplegar los planes de contingencia antes del inicio de las clases», por lo que consideran que era «necesario reforzar el asesoramiento a los centros con esta contratación».
Como publicó este periódico, las contrataciones responden a una petición que en el último Fòrum Educatiu Valencià de agosto realizaron los directores de los centros y algunos sindicatos, y que la conselleria aceptó. De hecho, según consta en la adjudicación, la fecha de la firma de los contratos es el 28 de agosto, y los servicios se mantendrán hasta el 30 de septiembre. La asesoría incluye la posibilidad de que consultores de las empresas visiten los centros «para ayudar a los equipos directivos en el despliegue del plan, darles seguridad, resolver sus dudas y ayudarles a mejorar las medidas si fuera necesario». Además, en una carta informativa que Educación remitió a los centros en este aspecto, también se detalla que las empresas deben elaborar un informe. No obstante, según el departamento de Campanar, «este asesoramiento no es una auditoría de control, sino todo lo contrario: una forma de apoyar a los equipos directivos en todo ello que necesiten para poner en marcha sus planes de contingencia».
«Los centros pidieron el asesoramiento de expertos a la hora de desplegar sus planes de contingencia para tener la confirmación de que estaban implementando de forma correcta los protocolos de seguridad y contar con apoyo especializado para resolver dudas», detallan. Las tres jornadas de huelga convocadas por el Sindicato de Estudiantes para Secundaria y Bachillerato, tuvieron en su primer día un seguimiento «irregular» en la C. Valenciana. Según el coordinador del Sindicat d´Estudiants del País Valencià, Carlos Naranjo, en algunos institutos de València, l´Horta, la Safor o la Marina, la incidencia osciló entre el 50 y el 70 %, si bien en la mayoría de centros las clases transcurrieron según lo previsto y la Conselleria de Educación no constató menor asistencia a los IES. Entre otras reivindicaciones, la convocatoria estatal exige «una educación presencial, de calidad y con aulas seguras» y más recursos. En concreto, la asociación estudiantil echa en falta «un plan centralizado para la educación pública» llevado a cabo por el Ministerio de Educación. «Inversiones masivas para la contratación de profesorado, la reducción de ratios y el fin de la brecha digital», son otras de las exigencias. Si bien Naranjo reconoció que la C. Valenciana está entre las CC AA que más medidas ha aplicado para empezar el curso con garantías, asegura que aún hay deberes pendientes, como la erradicación de los barracones. Para hoy había previstas movilizaciones en València y Castelló, aunque estas quedaron suspendidas a última hora de ayer «por la gravedad de escalada de la contagios» de covid-19.
