17 de septiembre de 2020
17.09.2020
Levante-emv

El Consell ve contraria a derecho la ley que obstaculiza el trasvase

Agricultura presenta alegaciones al anteproyecto de Aguas de Castilla-La Mancha al invadir competencias estatales

17.09.2020 | 00:03
El Consell ve contraria a derecho la ley que obstaculiza el trasvase

La Conselleria de Agricultura ha presentado alegaciones al anteproyecto de la ley de Aguas de Castilla-La Mancha, al considerar que, entre otros aspectos, es «contraria a Derecho» y que invade competencias estatales. El escrito de alegaciones remitido por la Conselleria, que ha sido consensuado y compartido con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), considera también que la futura norma «conducirían a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas técnicas de explotación del trasvase Tajo-Segura». Las alegaciones que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha remitido al anteproyecto de la nueva Ley de Aguas del Gobierno de Castilla-La Mancha, actualmente en periodo de exposición pública, reclaman la supresión de las disposiciones adicionales primera y segunda. Estos apartados del articulado «exceden las competencias de la Administración autonómica, además de incluir exigencias que conducirían a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura», según responsables de la Conselleria. Concretamente, la disposición adicional segunda «somete el acuerdo y ejecución de las cantidades hídricas transferidas por el comité técnico de explotación a un informe preceptivo no vinculante pero obligatorio por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha», señalan fuentes de la Conselleria. A juicio de la Generalitat, este pronunciamiento «entra en conflicto competencial» con lo recogido en el artículo 149 de la Constitución sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una comunidad autónoma, así como con el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La nueva exigencia, además, «ralentiza los tiempos al establecer un plazo de 15 días -posterior al dictamen de la transferencia proyectada por la comisión técnica- para elaborar el citado informe», explica la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà. «Es un intento más de manipular las reglas de explotación» , incide.

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