El senador de Compromís Carles Mulet ha pedido la comparecencia del Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, D. Jose Luís Escrivá, para que explique la impugnación por parte del Gobierno del decreto promovido por la Generalitat para complementar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Como hoy ha avanzado eldiario.es, el Ejecutivo Central ha visto motivos para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dicha resolución, a la espera de que se convoque la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Generalitat para abordar el asunto.

Las discrepancias giran en torno a siete artículos del decreto del 26 de junio. El Gobierno cuestiona la intención de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de establecer un proceso único para ambas prestaciones (la estatal y la autonómica) con tal de evitar duplicidades. "La previsión de una posible colaboración que alcance a la gestión de la RVI podría exceder respecto del objeto de colaboración contemplada" en el decreto regulador del Ingreso Mínimo Vital, señala el escrito de impugnación, que también rechaza la cláusula en virtud de la cual el ejecutivo valenciano pretendía que la Generalitat pudiera percibir el pago del IMV por parte de la Seguridad Social en sustitución del beneficiario cuando, con ocasión de la retroactividad en el pago de la prestación, coincida con la renta valenciana de inserción. El Gobierno recalca que la administración autonómica no tiene competencias para realizar dichos anticipos.

El informe gubernamental remitido por la secretaría de Estado de Política Territorial incluso pone en duda el acceso directo a la sanidad universal de los destinatarios de la renta valenciana, una cuestión que se aplica desde hace años en la Comunitat Valenciana en virtud de la normativa autonómica.

A juicio del Ministerio, el decreto de la Generalitat también contraviene el orden constitución de distribución de competencias al complementar "sin base jurídica para ello", las prestación del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) no concurrentes y las prestaciones por incapacidad permanente del sistema de la Seguridad Social, a través de la modalidad de renta complementaria de ingresos por prestaciones de la RVI. Ello a pesar de que el Gobierno sí permite esta posibilidad a Euskadi.

Fuentes de la Conselleria de Igualdad consideran "excesivamente restrictivas y centralistas" las interpretaciones efectuadas desde el Ejecutivo Central al decreto. En el departamento que dirige Mónica Oltra se muestran sorprendidos por una impugnación que llega después de un largo proceso de diálogo no exento de choques tras mostrarse la Generalitat dispuesta a colaborar para complementar las dos prestaciones sociales.