El Partido Popular de la C. Valenciana (PPCV) durante la etapa de Eduardo Zaplana también al frente de la Generalitat y José Luis Olivas como vicepresidente contrató un jet privado para desplazamientos rápidos, presuntamente pagados con fondos de la «caja B» del partido. La documentación que acredita estos hechos ha tenido una trayectoria rocambolesca, como sucede en las causas de corrupción, sobre todo las relacionadas con la Comunitat Valenciana. Un contrato y una factura fechados en 2000 y 2001, en las que aparece José Luis Olivas como representante legal del PPCV -entonces ocupaba el cargo de vicepresidente del Consell- las guardaba a buen recaudo el extesorero y exgerente del PP, Luis Bárcenas, actualmente en prisión y pendiente de juicio por varias piezas separadas de la trama Gürtel. Se desconoce con qué fin conservaba esta documentación tan concreta sobre los aviones que contrataba el PP valenciana a principios de la pasada década. Aunque esta historia aún tiene un nuevo doble salto mortal inverosímil. La prueba de los aviones privados contratados por el PPCV que atesoraba Bárcenas fueron incautados al excomisario José Manuel Villarejo en el registro de su residencia habitual, la finca El Montecillo, ubicada en Boadilla del Monte. La documentación aparece en el caso Kitchen que investiga la presunta trama organizada presuntamente por el Ministerio de Interior en 2013 -cuando estaba dirigido por Jorge Fernández Díaz- en colaboración con varios excomisarios para sustraer a Luis Bárcenas la documentación sensible que atesoraba sobre la presunta financiación ilegal del PP a nivel nacional. La contratación inicial del jet privado por parte del PPCV se realizó el 15 de junio de 1998. Y se prorrogó «el 27 de enero del año 2000 con fecha de finalización el día 15 de junio de 2000» para la prestación de «servicios aéreos mediante avión turbohélice para un bloque de 25 horas de vuelos anuales».
Aunque los trayectos aéreos continuaron al menos hasta mediado el año 2001. El contrato que conservaba Bárcenas y que le arrebató Villarejo es el que suscribió el 26 de marzo de 2001 José Luis Olivas, «en calidad de secretario general del PPCV» con Manuel Cano Raposo, director de operaciones de Transportes aéreos del sur SA. El objetivo de la nueva contratación, suscrita en Sevilla, era «ampliar el bloque de horas contratadas para el periodo entre el 15 de junio de 2000 y el 15 de junio de 2001, en un nuevo bloque de 25 horas de vuelo al precio de 160.000 pesetas la hora, incluidos los gastos de handling (asistencia en tierra a aeronaves) que sean necesarios y al que habrá que añadir el IVA que corresponda en su momento». Otro de los documentos que Villarejo robó a Bárcenas es una de las facturas abonadas a Transportes Aéreos del Sur, a nombre del Partido Popular, cuando tenía la sede en la calle Barón de Càrcer (aunque en la factura aparece como Barón de Cárcel). Se pagaron 2.140.000 pesetas por 12,5 horas de vuelo, a fecha del 22 de marzo de 2001, aunque no se especifica en cuánto tiempo se consumió este servicio. La forma de cobro del servicio de transporte aéreo fue «por reposición/transferencia a través de la oficina del Banco Mapfre ubicada en la Torre Mapfre de Sevilla. Una última curiosidad sobre este peculiar contrato es que la empresa Transportes Aéreos del sur SA (ya extinguida) es una filial de la mercantil Cegisa (Compañía de Extinción General de Incendios) que creó, junto a otras seis el conocido como el «cártel del fuego», investigado por presuntamente amañar contratos, pactar precios y agasajar con regalos impropios a altos cargos de varias comunidades, entre ellos el exconseller de Gobernación, Serafín Castellano.
