Uno de los debates que este verano ha llenado televisiones y tertulias, pero que los expertos advierten de que es falaz y engañoso porque no hay datos que corroboren la alarma generada, es el de las ocupaciones ilegales de viviendas y la presunta dificultad de los propietarios para recuperarlas. El PP de Pablo Casado ha intentado esta semana poner el debate de nuevo en la agenda nacional con una visita a Badalona donde acusó al vicepresidente Pablo Iglesias de justificar las ocupaciones. El asunto no ha pasado desapercibido tampoco para el centroderecha valenciano. PP y Cs han presentado en las últimas semanas en las Corts iniciativas para exigir medidas ante las ocupaciones ilegales. Todas compiten por abanderar la mano dura contra este tipo de delitos. Ciudadanos ha registrado dos preguntas para que el Consell conteste sobre las medidas que ha puesto en marcha y una proposición no de ley que insta al Consell a crear un plan autonómico contra la ocupación ilegal de viviendas. Cs pide medidas de refuerzo de la seguridad e incluso la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal y servicios de orientación jurídica. También reforzar las competencias de los ayuntamientos y endurecer las sanciones.
La iniciativa de la diputada Mamen Peris concluye que el ordenamiento jurídico español es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad, puesto que los cauces legales son insuficientes, asegura. Diez días después de la proposición no de ley de Cs, el PP presentó otra firmada por el diputado Alfredo Castelló que asegura que el número de ocupaciones ilegales ha ido en aumento «con la complicidad de gobierno locales de grandes ciudades de corte social-comunista». Según Castelló, se está poniendo en jaque el sistema jurídico español y pide dotar a la autoridad pública de la potestad de desalojar con agilidad las viviendas ocupadas en 12 o 24 horas. Pide a las Corts que insten a Consell y Gobierno a establecer disposiciones legales y normas de empadronamiento que eviten la ocupación ilegal. Vox también se ha sumado. En mayo ya planteó una pregunta en el pleno sobre ocupación de viviendas públicas y llegó a presentar una iniciativa que proponía la exclusión de todas las ayudas públicas a los condenados por ocupación ilegal, una propuesta que no se tomó en consideración.
