Todos los municipios de la Comunitat Valenciana están obligados a elaborar Planes de Acción para el Clima y la Energía de acuerdo con la metodología adoptada en el ámbito de la Unión Europea. Tendrán tres años a partir de la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica por las Corts, cuyo borrador se encuentra en fase de exposición pública. Los planes deberán incluir un análisis y evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero, la identificación y caracterización de los elementos vulnerables, el objetivo y las estrategias para la mitigación y la adaptación al cambio climático que incluya las posibles modificaciones adecuadas del planteamiento urbanístico y las ordenanzas municipales. También acciones de comunicación, concienciación y formación, así como las reglas para la evaluacióny seguimiento de dichas estrategias municipales para la emergencia climática. Los planes municipales de acción para el clima y la energía sostenible podrán financiarse con el Fondo para la Transición Ecológica si los municipios aplican medidas fiscales que insten a las buenas prácticas, favoreciendo la mitigación y disminuyendo la vulnerabilidad y desincentiven malos hábitos. Los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, cerca de trescientos de los quinientos cuarenta y dos de la Comunitat, podrán aprobar los planes de forma mancomunada o individual. Ayer, la conselleria informó que las ayudas convocadas para acompañar a los municipios en sus programas de adaptación y mitigación contra el cambio climático ha recibido más de un centenar de solicitudes.
Los municipios turísticos de la Comunitat Valenciana tendrán que reducir sus emisiones y consumir menos recursos. Así lo contempla la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, ahora en fase de exposición pública. La Conselleria de Agricultura, Emergencia Climática, Transición Ecológica y Desarrollo Rural recoge esta como una de las medidas de mitigación en la transición hacia un modelo de turismo sostenible, con menor impacto en el medio natural y más respetuoso con el territorio. La Generalitat, además, primará a la hora de financiar a aquellos proyectos que evalúen «las nuevas situaciones, tanto las oportunidades como las amenazas, derivadas de los impactos» del calentamiento del global. Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos, como es el caso de temporales cada vez más recurrentes y virulentos en la costa, el Consell instará a esos consistorios «a disponer, en el marco de sus competencias, de una planificación que incorpore una evaluación de las medidas específicas para garantizar los servicios básicos en época de máxima afluencia de turistas y debe apoyarlos». Algo que pasa por asegurar «el abastecimiento de agua potable, el suministro de energía, la gestión de residuos, el transporte, la depuración de aguas residuales urbanas y la atención primaria de salud».
El borrador de la nueva normativa señala que las administraciones competentes garantizarán la incorporación de medidas «encaminadas al tratamiento integral de la sostenibilidad del sector turístico, incluidos los recursos, productos y destinos». También, incide el texto, se deberá avanzar «en la sensibilización e información tanto de los trabajadores del sector como de los turistas sobre el uso sostenible de los recursos». La Ley de Cambio Climático, cuyo anteproyecto presentó en mayo la consellera Mireia Mollà, trata de definir un marco a medio y largo plazo para asegurar una transición ordenada la Comunitat Valenciana hacia «una economía baja en carbono , competitiva, innovadora, eficiente en el uso de recursos y resiliente al clima, que es el que nos exige el Acuerdo de París y con el cual nos hemos comprometido». Así consta en la resolución que abre el inicio del período de alegaciones. En todo caso, el artículo 78, referente a las zonas costeras, devastadas en su primera línea en los últimos años, contempla que los consistorios afectados deben «adaptarse a los cambios en las actividades económicas y la explotación de la energía, pesca, marisqueo o recursos algales entre otros». Además de incidir en que se procederá a la revisión del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral «incorporando el conocimiento más actualizado existente sobre impactos y riesgos climáticos». Una vez identificados los espacios, sectores y ámbitos más expuestos, las administraciones competentes elaborarán sus planes de adaptación para la reducción de los riesgos y activar las medidas adecuadas. Para ello se realizará e incorporará la evaluación económica de las medidas y soluciones técnicas a adoptar, priorizando con el criterio coste-beneficio, donde este último tendrá en cuenta tanto a la población, como los bienes materiales y el patrimonio natural afectado frente al coste económico de la adopción de las medidas.
