Los alcaldes de València y Alicante, Joan Ribó y Luis Barcala, aunaron fuerzas ayer en la cumbre telemática que reunió a casi una treintena de munícipes de toda España para reclamar al Ministerio de Hacienda «diálogo» a la hora de decidir el reparto de fondos a los ayuntamientos para paliar las consecuencias de la covid-19 en condiciones de igualdad y solidaridad, después de valorar como «insuficiente» la nueva propuesta de Real Decreto anunciada por el Gobierno la pasada semana. Los alcaldes partícipes, que pertenecen a catorce siglas diferentes, suscribieron un documento que pide que las entidades locales puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos en al menos un 14,16 %, el porcentaje del gasto local respecto del gasto público total en España. Junto a esta propuesta, tanto Ribó como Barcala reivindicaron un nuevo texto que incluya el fondo incondicionado de 5.000 millones de euros para los municipios al que en su día se comprometió el Gobierno, junto con los 1.000 millones orientados a paliar el déficit del transporte público municipal.

Estos dos planteamientos han desaparecido del nuevo decreto tras el rechazo en el Congreso del plan A presentado por Hacienda a principios de mes, que emplazaba a los ayuntamientos a ceder sus remanentes al Estado con tal de desbloquear su uso. Precisamente, los alcaldes reclaman ahora una alternativa para poder destinar los ahorros generados en 2019 y 2020 a atender las nuevas necesidades derivadas de la pandemia y contribuir a la reactivación de la economía. «Si el Ayuntamiento de València ha hecho bien los deberes en materia económica durante los últimos años y ha sido capaz de reducir a un tercio su deuda y acumular remanentes, debe poder utilizar esos ahorros donde más se necesita, en estos momentos, en hacer frente a la covid-19», resumió ayer Joan Ribó (Compromís). «El borrador del segundo decreto que nos ha hecho llegar el Ministerio de Hacienda tampoco satisface las necesidades de los ayuntamientos. Es imperativo que el Gobierno se siente a hablar con las corporaciones locales», coincidió Luis Barcala (PP). El documento recuerda que el Gobierno central debe incluir en su nueva propuesta, además de la eliminación de la regla de gasto, la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles y el concepto de déficit y de estabilidad presupuestaria, no solo en 2020, sino también en 2021.