La última investigación judicial a Carlos Fabra, que llevó este martes a la entrada y registro de su villa de Platgetes en Orpesa, apunta a nuevas piezas con Hacienda. La causa que se dirige contra el expresidente de la Diputación -declarada secreta- investiga al expolítico, su mujer, uno de sus hijos y una cuarta persona por presuntos delitos contra la Administración de Justicia y la Administración Pública.
Se trata, sin embargo, de unos tipos legales muy amplios, que afectan, en su mayoría, a funcionarios públicos y que incluyen ilícitos penales como cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraude, encubrimiento, falso testimonio u omisión de los deberes de impedir delitos.
Según el mandamiento judicial, el Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló podría haber visto indicios de falta de colaboración con la Administración, así como alzamiento de bienes. Precisamente, fue el propio Fabra quien reconoció tras el registro policial, en declaraciones a este diario, que sus sospechas iban dirigidas a una posible investigación por alzamiento -dada la implicación de sus familiares-. Por el momento, las partes no tienen conocimiento de los detalles de una causa cuyo secreto puede levantarse parcial o totalmente cuando el juez decida.
Carlos Fabra tiene previsto personarse en el juzgado instructor junto a su abogado en las próximas jornadas a este fin. Fuentes judiciales consultadas sostienen que, en este punto de la instrucción, el abanico de posibles delitos e hipotéticas condenas es muy amplio y podrían ir desde los seis meses a los seis años.
Quien fuera líder del PP provincial, se mostró «sorprendido» por el registro en su domicilio, del que policías nacionales -la Jefatura Superior de València asegura que no tenía constancia de la intervención y niega que los agentes fueran suyos- se llevaron un ordenador y documentos en papel. «Vinieron con dos perros, uno de ellos especializado en buscar droga y otro, en encontrar dinero», contó tras la actuación Carlos Fabra.
