Uno de los dos interventores que tuvo la Diputación de València entre 2007 y 2015 declaró ayer como testigo en el caso Taula que en la empresa pública Imelsa (Impulso económico local SA) existía un «descontrol de facturas» que él intentó controlar con la obligación de firmar los pagarés para intentar llevar un control.
El interventor, que abandonó la Diputación de València en 2015, después de que los tribunales tumbaran hasta en tres ocasiones su nombramiento, compareció a petición de Acción Cívica contra la Corrupción, que ejerce la acusación popular en el caso Taula, aunque solicitó que lo hiciera como investigado, en lugar de testigo, petición a la que no accedió el juez instructor.
De hecho, a lo largo de la causa existen informes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la que apuntan a una posible responsabilidad de los dos interventores que tuvo la institución provincial entre 2007 y 2015 por el descontrol laboral que se alcanzó en Imelsa (Impulso económico local SA), mientras estuvo dirigida por Marcos Benavent (hasta diciembre de 2014).
El testigo admitió haber detectado errores en las facturas que se presentaban al cobro, según fuentes conocedoras de su declaración. Y, de hecho, llegó a reunirse con el ex director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, para advertirle que algunas facturas de la exposición Metamorphosis estaban «muy mal» y que si no se corregían y las avalaba algún responsable de la empresa pública no se pagarían a la empresa suministradora de los servicios (en este caso Thematica Events, la empresa pantalla que supuestamente Marcos Benavent montó con el empresario Rafael García Barat para conseguir contratos públicos y cobrar mordidas).
