La Fiscalía provincial de València no ve delito en la falta de medidas de protección de los sanitarios, al inicio de la pandemia, y pide el archivo de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 1 de València. La petición la firma el fiscal decano y delegado de siniestralidad laboral de València, Jaime Gil, en la causa que se sigue en València y en la que está citados a declarar el próximo mes de diciembre, como investigados, dos altos cargos de la Conselleria de Sanidad.

Estas diligencias previas se iniciaron en el Juzgado de Instrucción 6 de Alicante, tras la denuncia presentada por un grupo de abogados contra el director gerente del Hospital General de Alicante y la directora de recursos humanos de la Conselleria de Sanidad Universal, aunque el órgano judicial alicantino se inhibió a favor de los juzgados de València, donde está ubicada la sede de la Conselleria de Sanidad.

Respecto al fondo del asunto, el fiscal delegado de siniestralidad laboral señala que la denuncia es «inviable y carente de toda lógica» ya que se ha presentado de forma «genérica» y «no se determina ni cuándo se han producido los hechos, ni los concretos incumplimientos que en cada uno de ellos se ha producido, ni quiénes son los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuáles son los equipos de protección personal que no se han proporcionado» por lo que, a juicio del Ministerio Público, «se trataría de una investigación genérica y prospectiva, proscrita en nuestro ordenamiento y nuestra jurisprudencia».

Aunque el fiscal también se pronuncia sobre el quid de este asunto: «Si el hecho de no hacer entrega de los equipos de protección individual necesarios para que los trabajadores desarrollen su actividad en las condiciones de seguridad exigibles por la norma puede integrar algunos de los tipos delictivos señalados por los denunciantes». Y la postura de la Fiscalía provincial es que no se cumplen los requisitos para que la falta de medios de protección a los sanitarios se considere un delito. Y máxime «cuando es un hecho notorio y sobradamente conocido la escasez de éstos [los materiales de protección] en el mercado nacional e internacional y, por tanto, la dificultad -cuando no imposibilidad- de entregar los mismos a los trabajadores». De ahí que a la pregunta sobre si se puede responsabilizar a la administración de la falta de materiales de protección, la Fiscalía considera que «la respuesta es necesariamente negativa, ya que al sujeto legalmente obligado se le estaría exigiendo una conducta imposible de realizar».

Esta situación vivida durante los inicios de la pandemia ni siquiera sería preciso contrastarla e indagar en ella. «Siendo la falta de medios un hecho notorio, no es precisa la práctica de diligencia de prueba alguna en tal sentido».

De hecho, recuerda el fiscal en su escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1 al que ha tenido acceso Levante-EMV, «uno de los motivos que justificaron la declaración del estado de alarma el 14 de marzo fue precisamente la existencia de una situación de desabastecimiento» y las dificultades para «la adquisición de equipos de protección individual, particularmente mascarillas».

El fiscal decano y delegado de siniestralidad laboral de València, Jaime Gil, se alinea así con la postura defendida por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, en un informe en el que pedía al Tribunal Supremo que no admitiera a trámite las más de 20 querellas interpuestas a lo largo del estado de alarma contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia del coronavirus, al considerar que no se puede abrir una causa general contra el Ejecutivo.

La pelota queda ahora en el tejado del titular del Juzgado de Instrucción 1 de València, José Luis Rubido de la Torre, que ha proveído a los abogados denunciantes y a los dos altos cargos el escrito de la Fiscalía, para que se pronuncien sobre si la investigación debe continuar o archivarse.

Los letrados también han resuelto un defecto de forma y han presentado los hechos en forma de querella, -más precisos y afinando la posible responsabilidad penal- lo que les permite ejercer la acusación popular y proponer diligencias de investigación, en sustitución de la denuncia inicial más genérica.