La difícil gestión de la pandemia ha sacado a flote tensiones financieras dentro de las comunidades autónomas y también, entre ellas. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso reclama para la capital un apoyo especial «por ser motor económico, por tener el 60% de las grandes empresas, por la movilidad y por la densidad de población». Por su parte, desde la Comunitat Valenciana, su presidente, Ximo Puig, denuncia que el «efecto capitalidad» ha convertido a Madrid en un «aspirador» de recursos, población, funcionarios estatales, grandes empresas, organismos, empleados cualificados y redes de influencia en detrimento de otras comunidades que ahora, sobre todo, se ven limitadas para encarar las dificultades sanitarias y económicas derivadas del covid.
Durante años, los territorios han denunciado la competencia desleal que generan las rebajas fiscales de unas autonomías frente a otras. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su anterior condición de consejera de Hacienda de Andalucía censuró con insistencia el ‘dumping fiscal’ (competencia desleal) practicado por Madrid; es lo mismo que el Govern de Cataluña ha denunciado desde hace años, así como los Ejecutivos de Aragón, Asturias, Castilla La Mancha o Extremadura, todos ellos de actual signo socialista.
«Madrid puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su dopaje por el «efecto capitalidad», resolvió Ximo Puig este martes en el Parlamento autonómico.
«La red de alta velocidad sigue teniendo una estructura radial con centro en Madrid, en detrimento de otras conexiones con más tráfico que siguen postergadas, como el Corredor Mediterráneo»
Durante su intervención, el presidente esgrimió los datos de un revelador informe elaborado por el Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas (IvieLAB, vinculado a la Generalitat Valenciana) que, bajo el título «Madrid: Capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal», aporta multitud de datos sobre los efectos que el protagonismo madrileño causa en el resto de las economías regionales.
«La comunidad de Madrid ha optado por competir fiscalmente con el resto de las comunidades por la localización de las bases tributarias y la domiciliación de sus titulares», se afirma en el estudio dirigido por Francisco Pérez y Ernest Reig, ambos del Ivie y catedráticos en la Universitat de València.
El informe analiza la movilidad de asalariados y pensionistas entre autonomías desde el 2005 y encuentra «evidencias» que vinculan la ganancia de 103.035 contribuyentes en Madrid procedentes de otras regiones en los 10 últimos años (2009-2018), coincidiendo con el periodo de rebajas fiscales más agresivas en la comunidad madrileña.
El documento habla de la «función succionadora» que ejerce Madrid. La comunidad representa el 19,2% del PIB del país y el 14,2% de la población. Sin embargo, absorbe el 44,5% de las 1.000 mayores empresas del país y el 21% de las ocupaciones cualificadas de España. Además, el porcentaje de población con estudios universitarios es notablemente superior en Madrid que la media española (40,9% frente al 30,8%) y el peso de la ocupaciones de alta cualificación y salarios alcanza un nivel del 45%, al que solo se acerca Barcelona.
«El poder de decisión económica que se concentra en la capital es abrumador», concluye el informe. «En la Comunidad de Madrid se produce una alta concentración de directivos y gerentes y de los órganos de decisión de las grandes empresas, siendo frecuentes las relaciones entre las personas que conforman estos colectivos y también de las mismas con quienes adoptan importantes decisiones en los poderes públicos», se añade.
Madrid ha pasado de captar el 36% de la inversión extranjera en el 2010, al 85,2% en el 2018. Ese año, posterior al referéndum ilegal, Cataluña apenas captó el 6,2% de la inversión extranjera total, desde el 31,4% en el 2016 y el 12,8% en el 2017.
«En esta capacidad de aglomerar de Madrid juega un papel muy importante el hecho de la capitalidad», afirma Francisco Pérez, codirector del informe.
En lo que va del siglo XXI, además de atraer población extranjera, Madrid la ha captado de otras regiones españolas (sobre todo de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía). Una quinta parte de los ocupados en la región madrileña residía anteriormente en otra comunidad.
Todo ello conforma un fuerte crecimiento de las bases imponibles de los tributos que permite a Madrid poder bajar los tipos impositivos sin que caiga la recaudación (aunque esta pudiera ser aún mayor con unos tipos más altos). Y estos menores tributos acaban reforzando el atractivo de la capital dentro de una especie de círculo virtuoso que se retroalimenta, en detrimento del resto de las regiones que pierden población, trabajadores cualificados, sedes de empresas y, como colofón de todo ello, recaudación de impuestos
Y en esta espiral favorable a Madrid, el informe otorga un papel muy importante al sector público, por la concentración de infraestructuras, de sedes de organismos y de empleados públicos.
«La red de alta velocidad sigue teniendo una estructura radial con centro en Madrid, en detrimento de otras conexiones con más tráfico que siguen postergadas, como el Corredor Mediterráneo», señala el texto del IvieLAB.
Del conjunto de las 109.422 licitaciones del sector público estatal analizadas por el informe, el 72% corresponden a órganos de contratación ubicados en Madrid. Y de estas licitaciones, casi el 60% se adjudican a empresas con sede en Madrid. Las ventajas de la proximidad son evidentes y eso atrae sedes empresariales hacia Madrid. «La falta de neutralidad territorial de las decisiones económicas del sector público estatal es innegable», según los autores del informe.
El documento sugiere la conveniencia de una mayor descentralización de las sedes de los organismos estatales -como practican otros países como Alemania o la propia Unión Europea- ya que ello tendría efectos sobre el empleo público y privado del área receptora.
Rebajas fiscales
La historia de las rebajas fiscales de Madrid acumula casi 20 años y la actual presidenta, Díaz Ayuso, mantiene su plan para «la mayor rebaja fiscal de la historia de la comunidad» esta legislatura. Con datos de recaudación de 2017, Madrid ha promovido una rebaja fiscal neta de 4.111 millones con recortes en impuestos de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio e IRPF y ligeras alzas en Transmisiones Patrimoniales y tributos propios.
Sin embargo, Francisco Pérez subraya que una parte de estas ventajas viene de un comportamiento del Estado que no es neutral. «Teniendo en cuenta su condición de capitalidad y el origen de sus ventajas, Madrid debería evitar estas prácticas», de competencia fiscal a la baja, «que acaban teniendo efectos no deseados para los demás territorios», concluye Pérez.
Así, el informe valenciano propone limitar las competencias de Madrid para bajar impuestos, porque ello «refuerza la tendencia a la divergencia de la renta regional» y «porque se apoya en un aprovechamiento de ventajas derivadas de una interpretación del papel de la capitalidad que no es territorialmente neutral», añade.
