La presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Esther Rojo, ha lidiado durante su primer año en el cargo con la organización de los órganos judiciales valencianos durante la crisis de la covid-19. Al hacer balance se muestra «satisfecha» con el trabajo realizado en el confinamiento y aprovecha para hacer una reivindicación: «Ojalá, dentro de todo lo malo que ha traído la pandemia, sirva para que se acometan las reformas pendientes en la administración de justicia».
Rojo coincide con las reflexiones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en cuanto a que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto las deficiencias estructurales que arrastra la justicia. Como la falta de digitalización. «No tenemos todavía expediente digital. Sí firma electrónica. Soy conocedora del esfuerzo de la Conselleria de Justicia en esta materia y hay que seguir avanzando», expone. Para ello mantienen reuniones constantes con la Administración y la Sala de Gobierno del TSJCV «pero con la crisis, las prioridades son otras».
«El expediente digital -asegura- nos permitiría hacer el trabajo con mayores garantías. Sé que no es sencillo y que se van consiguiendo avances, pero queda mucho por hacer», asevera tras reconocer la labor desempeñada por los jueces durante la pandemia y mostrar el pésame por los fallecidos en la crisis.
Otro asunto pendiente son las vistas telemáticas. La presidenta de la Audiencia resalta que con la pandemia la Conselleria de Justicia reaccionó «rápido» con la utilización del sistema Webex para juicios telemáticos. «Se han practicado algunas vistas así y declaraciones y esto debe ser un aprendizaje para seguir este camino».
También considerar que con la crisis se deben contemplar refuerzos para los juzgados de lo Mercantil o lo Social, ya de por sí saturados. «Hay que conseguir una justicia eficaz para el ciudadano. El cometido de los juzgados es fundamental para el ciudadano de a pie y para el tejido empresarial y el empleo». Rojo también apuesta por la mediación. Ya se cuenta con un protocolo de actuación para conformidades penales en Valencia, un instrumento «con vocación de continuidad y útil para dar respuesta rápida a los asuntos suspendidos en la pandemia».
En las secciones penales de la Audiencia Provincial de Valencia se han suspendido durante el confinamiento 165 juicios orales y dos vistas con jurados, además de otros asuntos en diversos partidos judiciales. Y este trabajo «saldrá ahora», asevera.
Donde los juzgados no han parado es con los asuntos relacionados con violencia de género. A pesar de la situación adversa, los órganos judiciales «han seguido funcionando», con lo que lanza un mensaje de tranquilidad. «Las mujeres víctimas tienen que estar completamente tranquilas de que, aún en las peores condiciones, en las situaciones más adversas, los órganos judiciales siguen funcionando», reitera.
Durante el estado de alarma el número de asuntos relacionados con violencia de género y violencia doméstica ha sido similar al registrado en el mismo periodo del año anterior: 1.922 hechos relacionados con la violencia de género en el primer semestre de 2019 y 1.818 en 2020.
En la actualidad, en València capital hay cuatro juzgados especializados en violencia de género, además de Torrent, Paterna y Gandia. Está pendiente comarcalizar el partido judicial de Torrent, Catarroja y Picassent, sobre la que se ha informado favorablemente. «Tenemos un precedente de mucha ayuda y es la comarcalización de violencia de género en el partido judicial de Segorbe, Nules y Vila-real. «La víctima de violencia de género por supuesto que debe sentirse protegida» y destaca el papel «fundamental» que desempeñan las Oficinas de Atención a la Víctima.
