El drama de la falta de vivienda está presente en nuestras calles… y también en los números. La necesidad de vivienda pública en la Comunitat Valenciana duplica al parque de este tipo de hogares con que cuenta la Generalitat. Según los datos que maneja la propia Conselleria de Vivienda la ciudadanía valenciana requiere de cerca de 35.000 viviendas públicas… y en el haber de la Generalitat tan solo hay alrededor de 15.000. Como no se puede cubrir esa demanda, crece el número de personas que se lanza a ocupar ‑-en su mayoría, propiedades de bancos- e incluso hay quien acaba viviendo en trasteros, como ya se ha relatado en más de una ocasión en las páginas de este diario, o quien directamente se queda en la calle.

La Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), dependiente de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, gestiona actualmente 13.899 hogares en alquileres sociales a familias en situaciones de vulnerabilidad (12.505) o en alquiler asequible (1.394), a las que habría que sumar las alrededor de 900 que tiene pendiente de adjudicar (en 2019 eran 934) al requerir de rehabilitaciones o reparaciones para que sean habitables. Es decir, el parque de vivienda pública de la Generalitat tiene en su haber alrededor de 15.000 casas.

Según los datos del registro de la Dirección General de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio de la Vivienda y Segregación Urbana, actualmente las solicitudes de vivienda pública en la Comunitat Valenciana ascienden a 21.075. Si a esta cifra se le añaden los 13.899 hogares que ya gestiona el Evha, la necesidad de vivienda pública en suelo valenciano sube hasta las 34.974 casas, un dato que supera con creces al doble de los hogares que tiene Vivienda en su parque público.

Ante esta situación, el departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau se ha puesto manos a la obra para incrementar el número de viviendas disponibles. Así, esta misma semana ha lanzado el segundo concurso para la compra directa de viviendas a particulares para destinarlas a alquiler social.

Fue la anterior consellera del ramo, María José Salvador, quien presentó el primer concurso en 2018, que culminó con la adquisición de 41 inmuebles con un coste de unos 3 millones de euros. Aunque se habían presupuestado 11,2 millones para aquella iniciativa y se ofrecieron hasta 280 viviendas, tan solo las 41 escogidas consiguieron cumplir con los requisitos exigidos por la conselleria, por lo que el gasto fue ostensiblemente menor del esperado.

Esta segunda convocatoria promovida por Martínez Dalmau contará con un presupuesto de 6,2 millones con los que esperan adquirir hasta 80 inmuebles.

Uno de los principales problemas que tuvo la conselleria con la primera convocatoria fue que los inmuebles presentados al concurso en muchos casos requerían de grandes reformas y reparaciones para que pudieran ser habitables de forma digna, por lo que no se podían poner a disposición de la gente que los necesite con celeridad. Desde julio de 2015 se han reparado 1.747 viviendas públicas, 457 de ellas desde julio de 2019. Además, en la actualidad se trabaja en la mejora de 222 viviendas en distintos municipios de la Comunitat Valenciana..

Por ese motivo, en este segundo plan se aceptarán también viviendas en construcción e incluso con hipoteca, siempre que se garantice su cancelación antes de que se ejecute la compra por parte del ente público. También se podrán presentar casas unifamiliares de menos de 50 años de antigüedad en cascos urbanos de municipios con menos de 10.000 habitantes -en el primer concurso sólo se admitían pisos-.

Estos inmuebles se sumarán a los que la conselleria espera adquirir también gracias al derecho de tanteo y retracto, cuyos derechos de preferencia amplió mediante un decreto ley el pasado mes de junio. Si bien la normativa permitía ejercer este derecho a la Generalitat desde 2004, no se empezó a usar hasta 2019.

Ahora, la última reforma permite el tanteo y retracto, ademásde a las viviendas de protección pública, a otras en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o en operaciones en las que se vayan a vender edificios enteros -incluso si se hacen entre operadores privados-. Es decir, si la EVha ofrece el mismo dinero por el que se iba a hacer la transacción, se quedará con los inmuebles.

Vivienda espera acceder a alrededor de 400 inmuebles este año mediante este método, una cifra que se queda muy lejos de las 21.075 peticiones de vivienda social que hay en la actualidad... y más teniendo en cuenta que la banca y la Sareb tienen más de 20.000 viviendas vacías en la Comunitat Valenciana.