«Cada desahucio es ahora cosa vuestra». Con ese mensaje, dirigido a todos los grupos políticos, activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) realizaron ayer una concentración en el centro de València para exigirle al Gobierno la «urgente aprobación» de un decreto ley que establezca una moratoria de todos los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa residencial, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, ni un desahucio más a personas vulnerables en 15 meses.

En la concentración participaron alrededor de 60 personas que, guardando las medidas de seguridad obligadas por la pandemia de la covid-19, reclamaron la «paralización de los desahucios», según aseguró José Luis González Meseguer, uno de los portavoces de PAH València, que explicó que durante el segundo trimestre del año se produjeron en España, en menos de 20 días, cerca de 1.400 desahucios, 129 en la C. Valenciana. Aunque precisó que no son «datos reales» porque los juzgados estuvieron cerrados hasta el 4 de junio y, desde esa fecha, en la que comenzaron las órdenes de lanzamiento, «se han retomado con fuerza los desahucios de aquellas familias en situación de vulnerabilidad que ya lo estaban antes de la pandemia». Entre el 1 de enero y el 13 de marzo (momento en el que se decretó el estado de alarma) hubo 20 desahucios diarios en territorio valenciano. Desde la PAH aseguran que las medidas del Gobierno «no fueron suficientes» y por eso reclaman ahora un decreto ley.

El Gobierno ha acordado ampliar hasta el 31 de enero del 2021 la prohibición de desahucios y subidas «abusivas» en el alquiler de vivienda, medidas destacadas del denominado «escudo social» para paliar las consecuencias económicas de la crisis de la covid-19 en la población más vulnerable que fueron aprobadas en consejo Consejo de Ministros el pasado marzo.

La prórroga debe ser aprobada este martes también en el Consejo de Ministros. Con ello, la prohibición de desahucios se sustentará en las mismas condiciones marcadas el decreto-ley del 14 de marzo, y se amplía otros cuatro meses, hasta el 31 de enero, junto a la obligación de mantener los contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas, de manera que no se podrán modificar los contratos de alquiler que venzan durante este periodo.

También se prolongan las medidas sobre grandes tenedores respecto al alquiler, que «tendrán que decidir» entre quitas del 50 % del alquiler o una reestructuración de la deuda en, al menos, 3 años.

El acuerdo para esta prórroga, a instancias de Unidas Podemos, ya está cerrado tras una negociación intensa entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Además, continúan los contactos para sellar la extensión de otras medidas de protección a colectivos vulnerables de cara a este martes, como la imposibilidad de cortar suministros básicos, una prioridad para la formación morada, según Europa Press.

Ya en julio el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, defendió dentro del Gobierno, con el respaldo del resto de ministros de Podemos, la necesidad de extender, al menos hasta el 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de desahuciar. La moratoria de paralización de lanzamientos concluye mañana miércoles.