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El tripartito obligará al próximo Consell a un plan de gobierno evaluable cada seis meses

El Consell de Transparencia se refuerza y tendrá tres miembros a tiempo completo

El tripartito obligará al próximo Consell a un plan de gobierno evaluable cada seis meses

El tripartito obligará al próximo Consell a un plan de gobierno evaluable cada seis meses

La Conselleria de Participación y Transparencia y los grupos parlamentarios que sostienen el Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) registraron ayer al alimón en las Corts la futura ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, un texto legal que aspira a remplazar el que está actualmente en vigor aprobado en la época popular, y que, como ocurrió entonces, el grueso de su ejecución recaerá en un futuro Consell.

El texto, de más de cien páginas y 76 artículos, contiene tres novedades principales respecto a la actual ley: incorpora un capítulo dedicado a introducir la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas púbicas, se avanza en los datos abiertos y se refuerza el Consell de Transparencia, un órgano que, tal como se concibe de nuevo, ve reforzado sus competencias y su papel de contrapeso al propio departamento que dirige Rosa Pérez Garijo.

La rendición de cuentas es uno de los platos fuertes de esta ley con instrumentos novedosos como el «plan de gobierno» de legislatura, es decir la plasmación en un documento de las medidas anunciadas en los discursos de investidura de la persona que ostenta la presidencia de la Generalitat.

Este programa de gobierno debe aprobarse durante los seis primeros meses del mandato y debe identificar las leyes, planes y iniciativas más significativas para cumplir unos objetivos que deben definirse y acompañarse de indicadores para su seguimiento.

El plan debe publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat, es decir, a partir de ese momento los compromisos adquirirán el rango de oficiales. Cada seis meses, el Consell debe aprobar un documento de seguimiento y publicarse en el Portal de Transparencia. Ahora bien, el Botànic II, impulsor de esta medida, quedará exento de evaluarse ya que la disposición tercera establece que estas cuestiones solo serán exigibles a partir de la toma de posesión de un nuevo Consell al inicio de la siguiente legislatura.

El capítulo de rendición de cuentas incluye otras previsiones para que las conselleries se sometan a examen y su gestión sea evaluable. Los informes, elaborados por el personal de las conselleries, también se harán públicos si bien la ley es menos concreta en cuanto a plazos para la evaluación. Otra de las claves de esta ley son los cambios respecto al Consell de Transparencia, ahora denominado Consell Valencià de Transparència. La consellera Pérez Garijo habló ayer de «profesionalizar» este órgano que vio la luz la pasada legislatura y que fue especialmente combativo con el anterior departamento de Transparencia dirigido por Manuel Alcaraz.

Parte de sus reivindicaciones y quejas por falta de medios y recursos humanos se ven contemplados en la nueva ley. Por lo pronto, los consejeros y consejeras se reducen de cinco a tres, pero tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, remuneración asociada a director general. Hasta el momento solo percibían dietas. Serán ,como hasta ahora, elegidos por las Corts entre expertos (deberán tener un mínimo de diez años de experiencia profesional) y se necesitará una mayoría cualificada de tres quintos.

Este órgano, que gana autonomía orgánica e independencia al contar con un presupuesto propio, tiene como misión garantizar el derecho a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de la publicidad activa.

En la práctica, es el organismo al que pueden acudir quienes no obtienen respuesta a sus peticiones de información ante la Administración. La nueva ley le añade competencia para incoar expedientes disciplinarios. Otra novedad es la posibilidad de que la ciudadanía, en vez de acudir al contencioso administrativo, solicite la mediación ante el Consell de Transparencia. La resolución es ejecutiva y si es estimatoria obligará a la Administración a cumplirla.

El Botànic ha preferido presentar una nueva ley que modificar el texto actual, aunque, al menos en lo referente a la publicidad activa y el ámbito de aplicación, es decir, qué y quienes están obligados a ser transparentes, no hay cambios revolucionarios.

Los partidos políticos y los sindicatos no tendrán más exigencia que la que tienen ahora. La máxima obligación sigue vinculando solo a la Administración autonómica y local y a su sector público, así como a las universidades, mientras que a los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales se les aplica las exigencias contempladas en la normativa básica.

Sí es más riguroso a la hora de exigir transparencia en la algunas cuestiones, como ejemplo, los gastos de caja fija. Así, el portal de transparencia dará información del importe de la factura o dieta, la fecha, el perceptor y la fecha. También se detalla que los informes jurídicos de la Abogacía de la Generalitat tendrán que publicarse «en la medida que supongan una interpretación del derecho» si bien será necesario consulta previa a la Abogacía. La transparencia en estos informes también fue un asunto controvertido la pasada legislatura. El Botànic II se cura en salud con esta redacción. Con todo, las nuevas exigencias no entrarán en vigor hasta un año después de la aprobación de la ley.

Otra novedad es que los ayuntamientos quedan obligados a aprobar sus respectivos códigos de buen gobierno y obligar a sus contratistas a asumir principios éticos.

Partidos, sindicatos y patronal quedan libres de nuevas exigencias

El Botànic ha preferido presentar una nueva ley que modificar el texto actual, aunque, al menos en lo referente a la publicidad activa y el ámbito de aplicación, es decir, qué y quienes están obligados a ser transparentes, no hay cambios revolucionarios. 

Los partidos políticos y los sindicatos no tendrán más exigencia que la que tienen ahora. La máxima obligación sigue vinculando solo a la Administración autonómica y local y a su sector público, así como a las universidades, mientras que a los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales se les aplica las exigencias contempladas en la normativa básica.  

Sí es más riguroso a la hora de exigir transparencia en la algunas cuestiones, como ejemplo, los gastos de caja fija. Así, el portal de transparencia dará información del importe de la factura o dieta, la fecha, el perceptor y la fecha. También se detalla que los informes jurídicos de la Abogacía de la Generalitat tendrán que publicarse «en la medida que supongan una interpretación del derecho» si bien será necesario consulta previa a la Abogacía. La transparencia en estos informes también fue un asunto controvertido la pasada legislatura. El Botànic II se cura en salud con esta redacción. Con todo, las nuevas exigencias no entrarán en vigor hasta un año después de la aprobación de la ley.

Otra novedad es que los ayuntamientos quedan obligados a aprobar sus respectivos códigos de buen gobierno y obligar a sus contratistas a asumir principios éticos.


Menor exigencia para las ayudas a personas privadas

El apartado sobre las subvenciones públicas sufre cambios en dos direcciones. De un lado, se rebaja la presión de transparencia y de otro, se incrementa. Así, las personas privadas o jurídicas que reciban una subvención ya no tendrán que dar publicidad a la ayuda. Sin embargo, las entidades privadas que reciban ayudas por valor de 60.000 euros tendrán que hacerlo público cuando ahora el tope es de 100.000. j.r. valència

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