El borrador del nuevo decreto para regular el teletrabajo en la Generalitat remitido hace un par de semanas por el departamento de Justicia y Administraciones Públicas a las conselleries estaba destinado a una negociación difícil y, a tenor de las críticas recibidas, la posibilidad de suscitar un consenso se antojaba complicado.
Sin embargo, el texto que, tras la fase de alegaciones, ha sido remitido a los sindicatos allana al terreno a un acuerdo, primero, en el seno del propio Consell y, después, en el ámbito sindical.
El departamento que dirige Gabriela Bravo, tras recibir numerosas alegaciones por parte del resto de conselleries (principalmente adscritas a Compromís, pero también del resto), ha optado por ceder y admitir parte de las peticiones, de tal manera que la regulación se flexibiliza y es menos restrictivo que en su versión original. No es un cambio radical, ya que parte de la filosofía se mantiene, pero sí introduce algunos cambios que a priori gusta a las conselleries de Compromís que mantienen desde hace meses un pulso con Bravo a cuenta del acuerdo sobre el regreso presencial del cien por cien de la plantilla.
En términos generales, el nuevo texto, que todavía puede sufrir cambios en su negociación con los sindicatos, es más flexible en varios aspectos que habían creado discrepancias. Una cuestión tiene que ver con quién puede y quién no puede teletrabajar. La propuesta original circunscribía el ámbito de aplicación a los funcionarios públicos y ahora se introduce el término personal empleado público más amplio. Además, se excluía el trabajo no presencial para todos los puestos de libre designación, lo que implicaba vetar esta fórmula para los que tenían algún tipo de funciones de dirección o de coordinación.
Ahora la línea roja solo se mantiene a aquellos con un complemento de destino del 30 y, obviamente, aquellos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales, es decir, puestos en oficinas de registro, personal no docente en centros docentes, personal de residencias, etc.
La limitación por complemento de destino 30 deja fuera a quienes ocupan puestos de subdirección general, pero el resto de altos funcionarios podrían optar a solicitar plaza en un programa de teletrabajo. Extenderlo a los libres designación era una de las peticiones de las conselleries de Compromís.
Otro cambio de calado tiene que ver con el procedimiento para la aprobación del teletrabajo. El decreto original era muy estricto respecto a este proceso y dejaba poco margen de opción a las subsecretarías. De hecho, Función Pública tenía un papel relevante y prácticamente quedaba en sus manos toda autorización. Ahora este nivel de control se rebaja. De hecho, aunque Función Pública tendrá que analizar las propuestas su informe ya no será vinculante y preceptivo. Además, serán las subsecretarías quienes resuelvan las solicitudes del personal que quiere participar en un programa de teletrabajo.
Bravo, no obstante, no cede en todo. Mantiene la idea de que solo se pueda teletrabajar tres veces por semana y que al menos una vez coincida en el centro de trabajo toda la plantilla. El 20 % de cada centro deberá trabajar presencialmente. Además, se mantiene el requisito de la formación y un baremo para optar al teletrabajo.
Las claves
Reunión con csif: Compromís mantiene sus reuniones con sindicatos
La coportavoz de Compromís, Agueda Micó, y altos cargos de conselleries bajo la órbita de la coalición mantuvieron ayer otra reunión de trabajo para abordar el decreto de teletrabajo. En esta ocasión, con el CSIF, muy crítico con el regreso presencial de la plantilla
Agenda: Periodo de alegaciones
Los sindicatos tendrán abora que presentar alegaciones al decreto antes de la mesa de negociación.
