La Agencia de Seguridad Ferroviaria inició ayer su andadura con la elección de su nuevo presidente, el ingeniero de telecomunicaciones y experto en transporte ferroviario de mercancías peligrosas, Antonio Esparza Sanz.

Se cumple así el mandato aprobado por las Corts en el simulacro de comisión de investigación sobre el accidente del metro del 3 de julio de 2006 que ya instaba a la Generalitat a aprobar una ley sobre seguridad ferroviaria que debía incluir una agencia autonómica sobre esta materia. Nunca se crearon por «falta de presupuesto».

Tanto la ley como la agencia de seguridad ferroviarias eran una de las demandas reclamadas por la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) durante sus casi catorce años de lucha y asumida por los seis partidos que pactaron impulsarla y reabrir la comisión de investigación (PSPV, Compromís, Ciudadanos, Podemos, EU y UPyD) el 4 de mayo de 2015.

La ley de seguridad ferroviaria autonómica está en vigor desde el 29 de marzo de 2018, tras ser impulsada por el Botànic. La agencia debería haberse creado en junio de 2018, así que llega con más de dos años de retraso. Tiene una ardua tarea por delante ya que la Agencia debe encargarse de «velar por el mantenimiento de la seguridad de la red ferroviaria, autorizar la entrada en servicio de nuevos vehículos, otorgar certificaciones de seguridad y mantener actualizada la información sobre seguridad» en las líneas ferroviarias autonómicas.

Junto a Antonio Esparza formarán parte del consejo rector de la Agencia la ingeniera de caminos Carla García Román, el director-gerente de la Cámara de Contratistas Manuel Miñes Muñoz, la psicóloga, directiva en el Instituto de Investigación en Seguridad y Factores Humanos de Gijón y perita en el accidente del Alvia de Santiago, Pilar Calvo, y el profesor de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la Politècnica, Ricardo Insa.