La actual número dos del PPCV, Eva Ortiz, participó en 2007, cuando era concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela, en la votación que declaró desierto el concurso de recogida de las basuras de la ciudad, lo que supuso que el empresario Ángel Fenoll, implicado en el caso Brugal, continuara con este servicio. La perjudicada, la empresa Urbaser, la mejor valorada en el concurso, recurrió ante los tribunales.

El resultado, trece años después, es que una reciente sentencia obliga al consistorio oriolano a indemnizar a la citada firma con 4,7 millones de euros. La única política activa de los ediles es Eva Ortiz y sobre ella ha puesto la mirada ahora el PSOE, que le exige responsabilidades. Incluso estudia que puedan ser económicas.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia, aseguró ayer que tras el pleno municipal del pasado jueves en el que se aprobó la modificación de crédito para abonar más de 4,7 millones a Urbaser, su grupo valora presentar una propuesta en la que se exijan responsabilidades a los concejales -entre ellos, Eva Ortiz- que «provocaron el perjuicio económico».

Gracia lamentó que «nadie del Partido Popular ha tenido la valentía» de pedir disculpas. «Nos gustaría saber qué opina la actual diputada autonómica Eva Ortiz que va dando lecciones y planteando acusaciones contra el Gobierno del Botánic».

Ortiz respondió que jamás ha sido investigada por aquellas decisiones e instó al PSOE a «valorar bien y detenidamente sus acciones ya que fue la única de ese pleno que interesó expresamente cuestión de legalidad al secretario general y, en consecuencia, emitió su voto». Lo que dicen las crónicas es que Ortiz votó sí a la propuesta de declarar desierto el concurso, con el matiz de que lo hacía porque el secretario municipal no advertía de que fuera ilegal. «No está sentando nada bien al PSOE que esté denunciando presuntos casos de tratos de favor al hermano del presidente de la Generalitat».