Desde que en 2012 se impuso la austeridad como pilar básico de la gestión municipal, los ayuntamientos valencianos han acumulado 1.675 millones de euros de remanentes de tesorería en los bancos que no han podido gastar libremente por las obligaciones en materia de gasto, déficit y deuda. Hasta ahora.
La fórmula anunciada ayer por el Gobierno para romper el candado que mantenía bloqueados los ahorros municipales abre la puerta a que ayuntamientos y diputaciones puedan gastar buena parte de esos excedentes «sin límites» y decidiendo su destino, al menos durante lo que queda de 2020 y en 2021. El objetivo: combatir los estragos provocados por la covid sin la soga asfixiante de la Ley Montoro.
Los alcaldes consiguen así ganar un importante pulso y verán materializada (al menos temporalmente) su principal reivindicación en materia de financiación, después de rechazar mayoritariamente el decreto inicial diseñado por el Gobierno que condicionaba el uso de los remanentes a que las corporaciones cedieran todos sus ahorros al Estado con la formalización de un préstamo a diez años vista. Aunque la ministra de Hacienda había sostenido hasta ahora que cualquier otra alternativa colisionaba con la Constitución, ayer planteó un viraje total de estrategia.
Amparándose en la prórroga de la cláusula aprobada por Bruselas que permite a los estados no estar sometidos a los objetivos de estabilidad presupuestaria, el Ejecutivo Central ha optado por suspender las reglas fiscales, autorizando a los ayuntamientos a incurrir en déficit y, por ende, a usar sus propios remanentes.
Desde el inicio de la pandemia, los consistorios han reclamado con insistencia a través de la Federación Valenciana de Municipios la posibilidad de invertir sus ahorros para ampliar el escudo social de protección de sus vecinos y asentar las bases de la recuperación económica. Hasta el momento, las corporaciones estaban obligadas a dirigir prioritariamente su superávit a saldar deuda financiera, una exigencia que queda suspendida con la decisión del Gobierno. También se flexibiliza el uso de los ahorros en inversiones y deja de operar la regla de gasto en 2020 y 2021, lo que posibilita la inversión de 588 millones en saldos no financieros.
Solo la Diputación de València acumulaba a final de 2019 un remanente de cerca de 180 millones de euros, cuantía que rondaba los 220 millones en la Diputación de Alicante y los 75 millones en la de Castelló. Los ayuntamientos más grandes, como el de València y Alicante, tenían en los bancos 60 y 47 millones respectivamente. En 2017, las entidades locales valencianas disponían de 938 millones de remanentes en los bancos, importe que no ha dejado de crecer con los años. El último informe de la Sindicatura de Comptes revela que la cifra creció un 11,3% en 2018. Solo 16 consistorios valencianos incurrieron en déficit ese año.
Pese a gozar de mayor libertad de gasto, las corporaciones deberán seguir cumpliendo el periodo medio de pago a proveedores y no podrán endeudarse sin límites.
A falta de leer la letra pequeña, la decisión de Hacienda suscita por fin opiniones favorables en partidos de todo signo y contenta en gran medida las demandas de los alcaldes más rebeldes contra las anteriores propuestas de remanentes.
A ese frente se habían sumado Joan Ribó o Luis Barcala, que siguen reclamando un fondo de 400 millones prometido por el Gobierno para compensar el déficit que sufren los ayuntamientos por el transporte metropolitano, junto a los 5.000 millones a fondo perdido inicialmente anunciados por el Ministerio Hacienda. Los consistorios sin remanentes, por su parte, también reclaman alternativas.
La suspensión del techo de gasto libera al Consell
El anuncio del Gobierno de cancelar los objetivos de déficit fijados para 2020 y 2021 y suspender las reglas fiscales de las administraciones públicas siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea supone un respiro importante para el Consell porque incluso le libera de cumplir los planes de ajuste (PEF) a los que se ha visto obligado por el incumplimiento del déficit y le permite elaborar el presupuesto con un margen mayor para afrontar la salida de la crisis. «Los planes de ajuste se dan por superados», dijo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que anunció que existirán unos niveles de déficit de referencia que servirán para permitir el funcionamiento presupuestario ordinario y que serán comunicados el próximo lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Fuentes del Consell consideran que la decisión del Gobierno permitirá un respiro porque se liberan las restricciones de la época de Cristóbal Montoro, aunque creen que está muy vinculada a la inyección de dinero que está previsto llegue desde Europa, 140.000 millones de euros en el caso de España y una cantidad inconcreta aún que recibirá la Comunitat Valenciana.
Desde el Consell añaden que no tiene sentido mantener los límites de gasto cuando aumentarán los ingresos por el «maná» europeo. Además, si el Gobierno incluye, como pretende, 20.000 millones en los presupuestos del dinero que llegue de Bruselas, una parte llegará a las autonomías, por lo que habrá un aumento de los ingresos.
