Una de las lecciones que ha dejado la pandemia del coronavirus en la Generalitat es que las leyes que rigen el normal funcionamiento de la Administración no están pensadas para situaciones de excepcionalidad y cuando se produce una «alteración grave» de la normalidad la arquitectura normativa en vigor puede acabar siendo poco operativa.
El Botànic II ha sufrido estas rigideces en varios ámbitos, entre ellos, en aquel que tiene que ver con la Función Pública cuando, en los momentos más duros de la epidemia, algunas conselleries iban faltas de manos y necesitaron contar con funcionariado de otros departamentos. La rigidez del procedimiento acabó por hacer prácticamente inviable mover a personal de allí donde no tenía tareas a dónde era necesario.
Para tratar de salvar obstáculos en el caso de una nueva situación excepcional, los grupos parlamentarios de Compromís, PSPV y Unides Podem han pactado una enmienda a la ley de Función Pública que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario para facilitar algunos de los supuestos de esta movilidad forzosa.
La propuesta consiste en adicionar a la ley una disposición adicional para que «cuando concurra alguna de las situaciones de la alteración grave de la normalidad contempladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981»(catástrofes y calamidades) o «por acuerdo del Consell» se pueda flexibilizar la regulación de la figura de la adscripción temporal del personal funcionario. Esta herramienta está contemplada en la nueva ley de función pública junto con otras dos (reasignación de efectivos y comisión de servicios forzosa) dentro del capítulos sobre movilidad forzosa del funcionariado. Son vías para facilitar la movilidad del empleado público cuando determinados departamentos tienen necesidades acuciantes de personal.
El cambio es sutil, pero puede ser importante llegado el momento. Tal como está redactada, la movilidad forzosa puede realizarse por adscripción temporal del trabajador o trabajadora a un puesto distinto dentro de la misma conselleria o entre conselleries si existe un acuerdo previo.
La ley regula este mecanismo que puede realizarse por un plazo de un año «para el desempeño de funciones propias del cuerpo, escala o agrupación profesional». Con el cambio propuesto, en los casos excepcionales o por acuerdo del Consell al funcionariado se le podrán encomendar funciones distintas a su categoría, siempre que sean «análogas o similares». En suma, esto permite más margen de maniobra a las conselleries que pudieran necesitan efectivos.
Durante la pandemia, la Conselleria de Políticas Inclusivas se topó con muchos obstáculos para reclutar recursos humanos de otros departamentos dada la necesidad de manos que necesitaba para cubrir de forma temporal plazas esenciales en el área social.
Función Pública puso pegas ya que la normativa con la que trabajaba era muy rígida. Finalmente, la vicepresidenta Mónica Oltra alcanzó un acuerdo por su cuenta con la conselleria que dirigía Vicent Marzà para poder reclutar personal de Educación que estaba sin actividad. Sin embargo, el trasiego de personal no llegó a producirse.
