Cinco de los veinticuatro condenados por el desvío de 23,5 millones de euros de presupuesto público deberán hacer frente al pago de veinte millones por responsabilidad contable en el ejercicio de sus cargos públicos, según acaba de confirmar en una resolución el Tribunal de Cuentas.
El alto tribunal contable ha tenido que volver a pronunciarse sobre el caso Emarsa en respuesta a los recursos de dos de los condenados por el caso Emarsa: Enrique Crespo, presidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de València (condenado en la sentencia penal a diez años de cárcel) y el exgerente de la Entidad pública de saneamiento de aguas residuales (Epsar), José Juan Morenilla (condenado a 9 años de cárcel). Ambos también están pendientes de los recursos ante el Supremo de la sentencia de la sección primera de la Audiencia de València que los condenó por el desfalco durante la gestión de la depuradora de Pinedo.
Crespo alegaba, entre otras cuestiones, que su «condición formal de presidente y consejero delegado» de Emarsa «no es indicio de responsabilidad contable» debido a la «ausencia de dominio efectivo en cuanto a la gestión de los caudales de Emarsa y de la administración de la mercantil» ya que, según la defensa de Crespo, «jamás ejerció el cargo de consejero delegado» y «para la gestión efectiva de la empresa fue nombrado un Gerente con plenos poderes de gestión autónoma». Además de defender que él inicio la acción penal.
Morenilla, por su parte, había alegado que «no podía ser condenado en este proceso, [que afecta a Emarsa] por su actuación en la Epsar, porque lo sucedido en esta última entidad no ha sido objeto de este procedimiento».
Igualmente señalaba indefensión porque, entre otros, no se ha acreditado un incremento patrimonial irregular ni dolo en su comportamiento.
Los tres magistrados rechazan todos estos argumentos y ratifican la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas el 28 de diciembre de 2018 y condenan en costas a Crespo y Morenilla.
