Quieren soluciones y el tiempo va en contra cuando se trata de ingresar una ayuda a las personas más vulnerables. Por eso, piden fechas concretas y exigen medidas que solucionen un problema que lleva dos años encima de la mesa con el compromiso de resolverlo.

Las entidades sociales llevan años denunciando que la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) no llega a las personas migrantes que solo cuentan con el pasaporte como documentación. Los solicitantes de la ayuda presentan con esfuerzo la documentación pertinente al cumplir los requisitos (residir un año en la Comunitat Valenciana e ingresar menos de la cuantía que establece la renta), pero la petición se queda sin respuesta y la ayuda no llega.

Ahora, tras una denuncia de Valencia Acoge al Síndic de Greuges por un caso concreto (el de Ricardo Mederos, que lleva más de un año y medio esperando la ayuda) las entidades sociales se preguntan «cómo es posible que un problema que el Gobierno conoce desde hace dos años y tiene solución, siga pendiente».

Y es que la Conselleria de Igualdad ha reconocido en una respuesta al Síndic que el aplicativo informático no permite llevar a cabo la tramitación de las solicitudes que solo presenten un número de pasaporte así que hay que modificar el sistema, aunque ya «han ultimado una modificación del aplicativo informático que permitirá llevar a cabo la tramitación».

Sin embargo, desde Valencia Acoge presentaron alegaciones y exigen a la Conselleria de Igualdad que «determine un plazo concreto para resolver la solicitud de Mederos y del resto de solicitantes en la misma situación» y que explique cómo va a resolver los casos que cumplen los requisitos para ser aprobados, pero sus titulares no pueden disponer de cuenta bancaria. La mayoría de los migrantes en situación irregular carece de cuenta porque los bancos no permiten su apertura con el pasaporte.

El Consell es conocedor del problema que supone la ausencia de cuenta bancaria y también aseguró hace dos años que buscaba una solución al respecto ya que las ayudas son nominativas y la Administración no permite pagos en efectivo ni a entidades sociales.

«La RVI perseguía no dejar a nadie fuera, pero de momento muchos se han quedado atrás y al final es una cuestión de voluntad política porque el problema lo llevamos denunciando años», afirman desde Valencia Acoge.