«Ponte en mi lugar. Por un momento. Y piensa en cinco niños de 2 a 12 años». «Los cinco sentados en la camita de una habitación». «¿Saben ustedes que tienen un desahucio no? Pues tienen que salir». Ahí es cuando Espíritu Santo (Espi) le contó al agente judicial que necesitaban sacar las cosas de aquella casa, que tenían niños pequeños y poco tiempo. «Se asomó el señor, vio a los niños y llamó por teléfono al juez, para que nos diera tiempo». Y el juez dictó el día siguiente, 29 de septiembre a las once menos cuarto de la mañana.

Ese martes. El mismo día que entraba en vigor la «prohibición» del Gobierno de desahuciar hasta el próximo 31 de enero. Ese día, Espi y su hija María se quedaron en la calle, en un parque con sus cinco niños (dos enfermos) y sin un lugar donde pasar la noche. Sin casa. Solas. Porque el anuncio del Gobierno sobre «prohibir» los desahucios tiene truco. Tienes que demostrar que es una situación sobrevenida por la pandemia de covid-19 y además tener un contrato de alquiler. Y ellas no tienen ni una cosa ni otra.

Al final consiguieron una ayuda de emergencia de Servicios Sociales, de una semana de estancia en una pensión. La habitación tiene el espacio justo para cuatro camas, una pequeña nevera, un armario empotrado y una cómoda. El cuarto solo tiene solo una ventana, y pueden vivir decentemente gracias a que la dueña de la pensión les deja utilizar su cocina y lavadora. Como no tienen ingresos dependen de las donaciones. Cuentan que llevan dos meses sin comer pescado.

Tienen hasta el 7 de octubre. Es el día que se marchan de la pensión, y la única alternativa que manejan es la calle. Por este motivo, varias asociaciones del barrio emitieron un comunicado exigiendo un lugar para que Espi y María puedan quedarse. «Este no es un caso aislado las familias trabajadoras o vulnerables no pueden acceder a un alquiler porque los precios están desorbitados. Necesitamos que se promocione el alquiler social y que se den muchas más viviendas en este alquiler», aseguran desde Espai Veïnal Cabanyal.

Espi y Maria ya han acudido a Servicios Sociales. Se entrevistaron el dos de diciembre de 2019, después fueron el 24 de marzo de este año, y el 7 de mayo, el 10 de agosto, el 25 de agosto, el tres de septiembre, el 18 de septiembre y la última vez el 28 de septiembre. El día de su desahucio, según su expediente de Servicios Sociales. En todo este tiempo, no les han tramitado nada. Ninguna ayuda más allá de una prestación de emergencia, como la que ahora reciben para poder pagar la pensión.

El Ingreso Mínimo Vital sería su salvavidas, pero como no están empadronadas no tienen derecho a percibirlo. A pesar de que «ella (María) debería ser preceptora de oficio porque tiene dos menores por los que recibe la prestación por hijo a cargo», según señala el informe.

Pero ellas no son solo su desahucio y su vulnerabilidad. Se rebelan contra su pobreza. «Yo he sacado adelante a tres hijos trabajando, desde las 5.30 de la mañana hasta las 7.30 de la tarde, en un bar de la Avenida del Puerto. De cocinera. Aunque ahora no me cogen en ningún lado, a pesar de que tengo catorce años de experiencia. Sé llevar la plancha, la barra y hasta he llevado mesas», asegura Espi, que busca trabajo.

Aunque de momento la vivienda apremia, porque en cuatro días se quedan en la calle. Y ellas no piden gran cosa, solo un sitio donde poder vivir con dignidad y garantías. «Solo queremos lo básico, un techo donde se pueda vivir bien, con agua caliente y luz, chimpún» sentencia María.