Se llama Roberto Martín y, tras más de cuatro años y medio en València, se ha visto obligado a marcharse con su familia a Mérida. Recalca el adjetivo. «Obligado, que no nos hemos marchado por gusto. Nos hemos marchado porque la Comunitat Valenciana nos ha echado. Si no nos pagan las ayudas a las que tenemos derecho… ¿cómo vivimos?, ¿dónde vivimos con una orden de desahucio y una menor en casa?», se pregunta. «Hemos sido víctimas de la gran mentira valenciana y quiero que se sepa porque no tengo de qué avergonzarme. Pedí hace un año las ayudas que ellos mismos han anunciado, prestaciones a las que tengo derecho. Y me las concedieron porque cumplimos los requisitos al atravesar un momento delicado. Pero no me las pagan ni me dicen cuándo me las pagarán. Y mientras tanto acumulo deudas. Por eso nos hemos ido. Por pura necesidad y porque no nos quedaba alternativa», ahonda el afectado. Y es que Roberto y su familia tienen reconocidas varias ayudas (entre autonómicas y municipales) por más de 8.605 euros. Y eso que el cálculo es «por lo bajo». De entrada, la familia tiene concedida desde hace casi un año (11 meses) la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Sin embargo, desconocen la cuantía exacta que les corresponde (ya que no les ha llegada la carta con la resolución, aunque sí les han confirmado que está concedida por silencio administrativo).
De esta forma, calculando el mínimo (575 euros, que es lo que le corresponde a una sola persona, aunque en esta unidad familiar hay tres y una de ellos es menor) el montante asciende a 6.325 euros. Además, a finales de 2019 solicitaron las ayudas directas al alquiler de la Conselleria de Vivienda. A Roberto se la concedieron con rapidez (2.880 euros) y en enero cobró el primer anticipo (1.800 euros), que guardó para ir pagando la mensualidad de 300 euros del alquiler de su piso. Los números cuadran y la familia pagó con ese dinero el arrendamiento hasta junio. Solicitaron el resto y les pidieron los recibos de los meses pagados con la ayuda. Aportaron la documentación y, cuatro meses después, siguen esperando el resto del dinero: 1.080 euros. Esa cuantía cubría tres meses de alquiler, exactamente los meses que le deben a su casero. «Por eso nos fuimos, porque no hemos querido perjudicar al dueño del piso», explica. Roberto no tiene ingresos desde agosto de 2019 tras caer enfermo y su mujer, que trabajaba a media jornada en un hotel, se quedó sin empleo durante la pandemia. Viven desde entonces con 435 euros que recibe su mujer por la RAI (Renta Activa de Inserción).
Tienen concedidas la Renta de Inclusión (RVI), la ayuda al alquiler, otra prestación de emergencia y una de manutención
Por ello, la familia solicitó también una ayuda de emergencia de 450 euros al mes durante tres meses. Cobró el primer pago. Le deben, pues, los otros dos (900 euros). Por último, reclamó una ayuda prevista para la manutención de su hija que, en teoría, se puede solicitar dos veces al año y asciende a 800 euros. Mientras se realiza este reportaje recibe un ingreso de 500 euros. Le deben, pues, 300 euros. Como el dinero no llega y las deudas se acumulan, se marcharon a Mérida el pasado 10 de septiembre. Allí había un piso vacío de la familia de su mujer, que les han cedido de forma temporal hasta que «cobremos lo que nos deben y podamos regresar a València, que es donde queremos vivir». Un exilio involuntario que llevan como pueden para que la pequeña de la familia sufra lo menos posible. Se hubieran ido a cualquier otro lugar donde tener un techo sin acumular deuda. Roberto es vasco y lo dice con orgullo. Su mujer es natural de Ecuador y, juntos, tuvieron una niña que ahora tiene 9 años y es el origen de su fuerza.
La pareja se conoció en Palma de Mallorca cuando Roberto iniciaba allí una nueva vida tras un matrimonio fracasado y una infancia difícil que aún le duele. En 2011 abandonaron la isla porque el trabajo como cocinero escaseaba y solo trabajaba 5 meses al año. De allí a Lanzarote, luego a Ecuador y, finalmente, a València, donde han vivido 4 años y medio con ingresos que no alcanzaban los 10.000 euros anuales (poco más de 800 euros al mes). «Nosotros no nacimos pobres, la crisis económica nos hizo pobres. Para conseguir una ayuda te piden 50.000 papeles, pero una vez concedida no la pagan», lamenta Roberto. «Gracias a Cáritas y a la asociación Alanna hemos tenido comida, ropa y ayuda. Hace un año decidí pedir ayudas que están en el papel pero que no se reciben en la práctica», añade. «Le debo dinero a familiares y amigos. También pedí el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero me dicen que no me corresponde por un patrimonio que desconozco. Eso sí, el impuesto de circulación ya me ha llegado un 5% más caro, pandemia incluida. Volverá con recargo, ¿cómo lo voy a pagar? Para eso sí que son puntuales», concluye a continuación.
