1.380 templos católicos pueblan la Comunitat Valenciana de norte a sur, sumando solo parroquias e iglesias no parroquiales. Pero este no es, ni mucho menos, el único patrimonio inmobiliario escriturado a nombre de los estamentos eclesiásticos. Viviendas, fincas rústicas, centros educativos, pisos sociales o residencias engrosan un listado de propiedades que la última actualización del Catastro -el único balance fiable a falta de un registro oficial- sitúa en 2.487 bienes valorados en 652,4 millones de euros. La cotización de los haberes en manos de la Iglesia ha crecido a un ritmo constante en los últimos años a pesar de la crisis económica de 2008, hasta el punto de alcanzar un incremento acumulado de 205 millones entre esa fecha y 2018. La tendencia al alza, sin embargo, se rompió de forma drástica en 2019: el primer ejercicio en 14 años -desde que el Ministerio de Hacienda ofrece datos- en el que el patrimonio inmobiliario religioso se redujo en términos económicos. La merma, concretamente, fue de 889.000 euros respecto al año anterior. Es el resultado de haberse desprendido de más de medio centenar de propiedades (56) que han cambiado de tipología.
En 2019, el volumen de bienes eclesiásticos únicamente descendió en cinco comunidades autónomas. La valenciana lideró la clasificación, seguida de Galicia, donde se perdieron 29 propiedades religiosas. Aunque son provisionales, los datos catastarales correspondientes a este 2020 reflejan un ligero repunte en la Comunitat Valenciana con la incorporación de siete nuevos inmuebles, si bien el acumulado de los dos últimos años sigue siendo negativo en casi medio centenar de propiedades valoradas en 378.000 euros.
La ciudad de València es la que concentra, con diferencia, el mayor número de propiedades de la Iglesia, 295, aunque también es en la que se focaliza la reducción de patrimonio eclesiástico: desde 2018 se registran 62 inmuebles menos y la cotización catastral se ha reducido de 133 a 123 millones. El resto de municipios solo han perdido una o dos inscripciones religiosas. Es el caso de Alicante, Albocàsser, Chelva, Riba-roja, Rafelbunyol, Picanya, Sinarcas, Torrent, La Yesa, La Vila Joiosa, Villenca, Catí y Vinaròs. En cambio, la cifra de inmuebles de la Iglesia ha aumentado en Algemesí, Carcaixent, Chiva, Gandia, Massamagrell, Tavernes, Alcoi, Santa Pola, Castelló -donde los bienes de este tipo suman 50 millones de euros-, Torreblanca y Vila-real.
La valenciana es la quinta autonomía de España en la que la Iglesia amasa más patrimonio en términos económicos, si bien se aleja hasta la octava posición en número de inmuebles escriturados. Aunque el Gobierno ha anunciado una reforma antes de acabar la legislatura para que los ayuntamientos cobren el IBI por aquellos edificios que no son de culto -el de València trata de hacerlo-, la medida ha quedado de momento aparcada y las expectativas sobre su cumplimiento se han rebajado. La pasada semana, el parlamento valenciano dio luz verde a una iniciativa de Compromís para instar al Ejecutivo Central a que la Iglesia pague el impuesto por los inmuebles dedicados a actividades «con un evidente fin lucrativa», entre los que la coalición valencianista señaló hospitales, universidades, hoteles, oficinas, aparcamientos y residencias con exenciones fiscales.
