La fiesta ibicenca no fue la única a la que acudieron los alumnos del colegio mayor Galileo Galilei de València desde el inicio del curso universitario. Salud Pública está investigando la asistencia de jóvenes de este mismo centro a otras tres celebraciones ilegales y no descarta que incluso tuvieran lugar en la misma residencia privada. Pese a estos indicios, las autoridades no barajan por el momento imponer sanciones al colegio mayor al entender que ha cumplido con sus obligaciones y que solo tenía conocimiento de una fiesta, la cual comunicó. La sospecha arrancó con la propia investigación que las autoridades sanitarias emprendieron en el colegio mayor tras la detección de cuatro alumnos con síntomas. Entonces ya se tenía constancia de un brote previo en la Universitat Politècnica de València, por lo que Sanidad decide visitar el centro el jueves y fija el montaje del puesto de cribado masivo para el día siguiente. Durante esas entrevistas con los residentes, según confirmaba ayer a Levante-EMV la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, los profesionales sanitarios empiezan a extraer «información con cuentagotas» a los estudiantes del Galileo Galilei, que por separado hablan hasta de cuatro fiestas diferentes. «Cada una con nombre propio», añade Navarro, lo que permite avanzar en las pesquisas. La responsable asegura que los propios implicados reconocieron que «en ninguna de ellas se mantuvieron las medidas de seguridad» como las mascarillas y la distancia. Acerca del lugar de la celebración, Navarro no puede confirmar que todas se produjeran en las instalaciones del propio Galileo Galilei porque la información que han ido aportando los estudiantes «llega a medias» por el «miedo» de los jóvenes a posibles sanciones en caso de relatar con veracidad todo lo ocurrido. En cualquier caso, admite que «parece ser» que así fue. Las múltiples celebraciones, la falta de medidas de prevención durante las mismas y la estrecha convivencia en el día a día entre todos los residentes del colegio mayor, empujó a las autoridades a endurecer el protocolo y pasar a considerar a todos los estudiantes como contacto estrecho de los 16 positivos que ya se habían confirmado dentro del edificio. Es por eso que en el cribado masivo efectuado el viernes en el mismo campus de Vera de la UPV, la conselleria hace firmar a los cerca de 700 alumnos una declaración responsable de aislamiento forzoso hasta conocer el resultado de la PCR. Hasta ahora, ese documento solo se reparte entre las personas contagiadas, las que presentan síntomas o las que son contacto estrecho. Pero en este caso Salud Pública opta por ampliar el supuesto a todos los habitantes del edificio. La secretaria autonómica lo argumenta: «El que acudieran a cuatro fiestas y sin protección nos obliga a endurecer el protocolo por la situación de riesgo que podrían generar. Hay que frenar ese riesgo hasta tener los resultados».

Recomendación sanitaria

Así, desde el mismo viernes los centenares de estudiantes del Galileo se confinan en el centro siguiendo la recomendación sanitaria. Que no es más que eso, una recomendación, ya que a efectos legales habría que recurrir a la justicia para avalar una restricción generalizada como esta. Así lo apuntaban ayer los expertos, que expresaban sus dudas acerca de la validez de la firma de la declaración responsable en aquellos casos que no encajan en la definición de contacto estrecho. «Si el supuesto no existe, no puede ser vinculante», defendía ayer el abogado valenciano Juan Carlos Navarro, que entiende que si un estudiante quisiera salir, «podría hacerlo» ya que «no hay base legal para impedir su salida». Entonces, la conselleria podría recurrir a un juez en virtud del artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la cual autoriza a las comunidades autónomas a decretar confinamientos selectivos, pero el experto apuesta que no conseguirían el aval de la justicia.