La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, insistió ayer en la necesidad de articular «una ley integral contra la explotación sexual que persiga a los clientes, castigue a los proxenetas y proteja a las mujeres prostituidas», considerándolas víctimas de violencia de género tal y como establece el Convenio de Estambul ratificado por España en 2014 y cuyos preceptos han sido adaptados por la Generalitat a su normativa autonómica.
Así lo reclamó la consellera en su discurso de apertura del Curso Especializado en Violencia de Género para profesionales de la atención a las víctimas del delito, organizado por la Universitat de València con 400 personas matriculadas.
En este sentido, Bravo ha recalcado que la formación especializada «es una de las mejores herramientas con las que contamos para erradicar el terrorismo machista». En su intervención, la titular de Justicia ha lamentado que «solo hoy, habrán entrado 86 asuntos en los juzgados de Violencia contra la Mujer de la Comunitat Valenciana y 25 serán las mujeres que, siendo víctimas de violencia de género o violencia doméstica, habrán sido atendidas en alguna de las 29 oficinas de la Red de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Generalitat.
Entre las muchas formas de la violencia de género, la consellera ha querido llamar la atención sobre la explotación sexual y la prostitución que afecta a las cerca de 100.000 mujeres que la ejercen y que, según ha denunciado «mueve 3.700 millones de euros anuales, es decir, 10 millones de euros al día que pagan sus 15 millones de clientes». Se calcula que el 80% de estas mujeres son forzadas a prostituirse, según señaló Bravo.
