Abdel tiene 62 años y pesa 45 kilos. Su extrema delgadez revela una enfermedad que le consume y que él resume como «un problema pulmonar». Vive en un piso okupado en Torrefiel desde hace tres meses con su mujer, su hijo pequeño de 8 años y su hija mediana de 18.

En Córdoba les hablaron de esa vivienda y no dudaron en pagar 500 euros que no tenían -y que pagó su hijo mayor, que trabaja en Madrid, en la obra, a días sueltos- para abandonar una casa con goteras, sin luz ni agua, por un piso en València que es propiedad de un fondo buitre y según los vecinos llevaba más de 5 años vacío. Se mudaron en cuanto acabó el estado de alarma y escolarizaron al pequeño.

Hace poco más de tres semanas recibieron la inesperada visita de un agente de la Policía Nacional y de un trabajador de seguridad privada. Eran portadores de un mensaje: en dos semanas se tenían que ir porque había una orden de desalojo. No la mostraron ni les entregaron notificación alguna. La familia apenas chapurrea algo de español, pero entendió un mensaje que, sin embargo, no tenía asignada ninguna fecha.

A la semana, un número ocultó llamó al teléfono del hijo mayor, en Madrid: «El jueves 1 de octubre tu familia se va a la calle». El joven contactó con la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH) València. La maquinaria de respuesta y la red social se puso en marcha. La PAH, Entrebarris y Stop Desahucios consiguieron paralizar el desalojo previsto. «La propiedad estaba dispuesta a conceder uno o dos meses, pero predominó la decisión de la Policía que allí mismo propuso una semana de plazo», explican desde la PAH.

Entre las posibles soluciones a la familia por parte de las Administraciones se baraja la posibilidad de que el Ayuntamiento de València pague una pensión durante 4 días para que luego la familia ocupe una plaza en el albergue de Casa Caridad.

Las entidades sociales trabajan para que la familia no se vea mañana en la calle. Al parecer, el piso contaba con un procedimiento judicial anterior. Sin embargo, los desalojos se producen a ciegas, en muchos casos, ya que se desconoce quién ocupa la vivienda en ese momento (si hay enfermos, menores o personas con discapacidad) y cuál es su situación. Tanto El Rogle como la PAH destacan la «barbaridad» que supone un desahucio sin notificación judicial a los afectados.

Reclaman una reunión sobre la labor de la Policía

La PAH, Entrebarris y Stop Desahucios han solicitado una reunión con el delegado del Gobierno y con el fiscal jefe provincial de València para clarificar acciones como la que ha ocurrido con la familia de Abdel. Y es que, según la PAH, «últimamente hay algunos comportamientos en los que vemos una actuación policial sin que haya una notificación judicial. Si no hay notificación judicial nos preocupa el protagonismo que pueda adquirir la policía frente a las comunicaciones formales del juzgado. En este caso, la familia no ha recibido ninguna notificación formal del juzgado ni del procedimiento judicial». Desde el Rogle recalcan una instrucción reciente de la fiscalía que insta a «adoptar la medida cautelar de desalojo del inmueble» en caso de usurpación de la vivienda (okupación). Sin embargo, temen que la policía «haya interpretado que en un caso de usurpación se pueda desahuciar sin pasar por el juzgado, lo que es una barbaridad jurídica». m. ros València