El caso Terra Mítica comenzó a instruirse en 2005 de la mano del magistrado del Juzgado de Instrucción 3, Francisco Silla. Quince años después, la justicia ha conseguido recuperar 3,7 millones de euros. Se trata de la responsabilidad civil a la que fueron condenados, primero por la sección quinta de la Audiencia de València y después por el Tribunal Supremo, la trama organizada de dieciocho empresarios y dos exdirectivos del parque temático a través de una compleja red de facturas falsas. La recuperación de este dinero defraudado ha sido posible gracias a la colaboración entre la sección quinta de la Audiencia de València, la sección de delitos económicos de la Fiscalía provincial de València y la Agencia estatal de la administración tributaria. No es una tarea sencilla.

La ejecutoria del caso Terra Mítica cuenta con una pieza principal y hasta 18 piezas separadas, «en la que han confluido la ejecución judicial en relación con la responsabilidad civil por el delito de estafa agravada (al parque Terra Mítica y a la Agencia Tributaria) y la ejecución llevada a cabo por la AEAT en relación con el cobro de la deuda tributaria declarada en sentencia».

De esta manera, Terra Mítica ha conseguido recuperar por ahora 340.173,41 euros (de un total de 1.158.661,17 euros que el Supremo consideró que debía recibir en concepto de responsabilidad civil como perjudicada) y la AEAT otros 3.365.802 euros por la docena de delitos contra la Hacienda Pública o el impuesto de sociedades que, se considera probado, cometieron los dieciocho empresarios condenados mediante las facturas ficticias y engordadas.

Gran parte de este dinero se ha podido recuperar gracias a la venta del patrimonio inmobiliario embargado durante la instrucción. Entre otros una vivienda en Teulada-Moraira propiedad del ingeniero y empresario Vicente Conesa, considerado por los magistrados como «una suerte de factótum» que hacía y deshacía desde la inexistente «Gerencia de Jardinería» de Terra Mítica, que cumple un máximo de doce años, de los 23 años a los que fue condenado. Otras naves embargadas, ubicadas en la Nucia pertenecían a la mercantil AST Ingenieros. Más difícil será cobrar los 40 millones impuestos por el Supremo en multas que, según fuentes de la Fiscalía, se suelen conmutar por días de carcel.