El denunciante del caso Emarsa, Ramón Marí, alcalde de Albal, reclamó ayer una ley que proteja a las personas que destapen casos de corrupción. Marí confesó que ha sufrido «un calvario» tras denunciar, hace diez años, el saqueo de la empresa pública Emarsa (Entidad metropolitana de aguas residuales SA) y que ascendió a 23,5 millones de euros.

El Supremo ha confirmado esta semana que el fraude lo cometieron los gestores de Emarsa entre 2004 y 2010 y ha cerrado el proceso con 24 condenados. Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa y exalcalde pedáneo, deberá cumplir 12 años de prisión y Enrique Crespo (expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación) ha sido sentenciado a 10 años de cárcel. El otro responsable de la red, Ignacio Bernácer, cumplirá tres años y medio de cárcel porque llegó a un pacto con la Fiscalía días antes del inicio del juicio en la Audiencia de Valencia a cambio de reconocer los hechos.

Ramón Marí admite que se cierra un capítulo de su vida que «ha sido largo y duro» por el acoso que sufrió tras denunciar el caso ante la Fiscalía de Delitos Económicos. «Para mí fue un calvario. Recibí querellas que no sé ni de qué son y que acabaron archivadas. Las presiones para que retirara la denuncia fueron tan grandes que los primeros seis meses miraba por la ventana y salía a la calle con preocupación. Fue un alto coste emocional», afirma.

El alcalde socialista de Albal insiste en las presiones que sufren los denunciantes de corrupción. «En España es complicado denunciar este tipo de casos. Es necesario que se apruebe una ley que proteja a los denunciantes. Para un funcionario que descubre un caso de corrupción es complicado denunciar porque el que tiene el poder lo puede presionar y apartar de su puesto», asegura.

A pesar de las presiones que sufrió, Marí subraya que jamás pensó en retirar la denuncia. «El dinero público no se puede robar», sentencia. El alcalde de Albal recuerda que descubrió el fraude en 2010 después de que los gestores solicitaran una ampliación de capital de Emarsa. «Trasladé mis sospechas al Tribunal de Cuentas, que archivó el caso dos veces. Después acudí a la Fiscalía y la fiscal Virginia Abad la llevó adelante. El trabajo del juez de Instrucción Vicente Ríos también fue esencial». Ramón Marí lamenta que a pesar de la condena la mayoría del dinero nunca se recuperará. «De los 23,5 millones de euros saqueados solo se han recuperado entre 300.000 y 400.000 euros», precisa.

Los condenados crearon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios que no habían sido prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.