La pandemia de coronavirus y el necesario desvío de fondos y de esfuerzos para afrontar las nuevas necesidades del sistema sanitario no han desviado al Consell de cumplir con una de las promesas centrales del Pacte del Botànic: reforzar la sanidad pública recuperando las áreas de salud que aún están en manos privadas gracias al modelo Alzira, que nació y creció en la Comunitat Valenciana.

Si en 2018 ya lo hicieron con La Ribera, desandando un camino nunca transitado, de aquí al próximo 15 de octubre de 2021 harán lo propio con el área de salud de Torrevieja, en manos de Ribera Salud, controlada por el fondo estadounidense Centene Corporation.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ya había anunciado que la intención era mantener esta hoja de ruta pero ayer, por fin, lo confirmó de forma pública en un acto institucional para el que se fue a Torrevieja y tras el que se reunió con alcaldes de la zona sanitaria, a la que pertenecen 140.000 pacientes.

En su discurso, la consellera insistió que al Consell solo le mueven criterios «de eficiencia» y no políticos. «El sistema sanitario valenciano debe estar cohesionado (...) la administración tiene todo el derecho de, finalizado el contrato, pasarlo a gestión pública porque creemos que podemos mejorar la calidad y creemos que los beneficios no deben de ir a un accionariado sino a los ciudadanos», señaló Ana Barceló.

Tras el anuncio, la conselleria abre el proceso de reversión que durará todo un año y que comenzará oficialmente hoy con la remisión a la gestora, Ribera Salud, de la notificación oficial de que no se va a acudir a la prórroga del contrato que en su día firmó Serafín Castellano y qué información y en qué momento se debe de facilitar «para hacer una radiografía, una foto fija, de cómo está el departamento para planificar su futuro».

Pese a comparecer públicamente y a mantener después reuniones con trabajadores y alcaldes, Barceló no adelantó ayer una de las grandes preguntas: cuál será el modelo escogido para la reversión, si se seguirá el modelo de Alzira y se subrogará a los trabajadores como personal laboral indefinido a extinguir o se creará una empresa pública, otra de las opciones que se barajó en su día por los problemas jurídicos que planteaba equiparar a personal laboral con indefinidos pese a no haber pasado por una oposición. Pendientes de que se resuelva su futuro en este año están 1.400 trabajadores, de los que solo 54 son estatutarios, y el resto laborales.

A pesar de las insistentes preguntas de los medios en este sentido, Barceló dejó en el aire esta cuestión y solo anunció que abrirá un cauce de diálogo ahora con los trabajadores, —que desde el comité de empresa le llevan reclamando meses— «para buscar la fórmula para seguir contando con este capital humano». A ellos les pidió «tranquilidad» tras asegurar que se garantizarían las condiciones de las que actualmente disfrutan. Esta falta de comunicación previa y de detalles motivó que miembros del comité de empresa y trabajadores del área optaran por dar la espalda a la consellera mientras intervenía ante los medios de comunicación en el Auditorio de Torrevieja donde se había convocado a los medios. Al finalizar, algunos pidieron explicaciones directamente a Barceló, pero la consellera tampoco les despejó las dudas. Los alcaldes de municipios afectados regidos por el Partido Popular se posicionaron ayer en contra de la medida, como así lo hizo la gerente del área, Eva Baró, que tachó de incomprensible la medida.