La aprobación de una nueva ley capaz de poner orden en el sector público instrumental de la Generalitat, esa pata de la Administración foco de todo tipo de corruptelas durante la etapa popular, fue una de las prioridades políticas del primer Consell en 2015 y como tal fue incluida como objetivo en el primer seminario celebrado en Morella. Cinco años después, la ley sigue sin estar aprobada, carece de fecha, y lo que es más significativo, no hay voluntad política de hacerlo.
Así lo vino a admitir ayer la secretaria autonómica de Modelo Económico y responsable del sector público instrumental, María José Mira, en la comisión de Hacienda de las Corts a la que había sido llamada por el PP para explicar el proceso pendiente de reestructuración de las entidades de la Generalitat.
Mira sostuvo que ella había cumplido con su parte de presentar un borrador de la ley en 2016, pero que no dependía de ella dar el paso para su tramitación. «Técnicamente está y políticamente se decidirá cuando toque», apostilló.
Con estas palabras venía admitir el bloqueo político a una ley que, eso sí, ahora Hacienda argumenta no es tan prioritaria ya que a lo largo de los años se ha aprobado normativa interna para meter en cintura a las empresas, sobre todo, en materia de contratación de personal.
Si el borrador esta listo, ¿por qué no se tramita?, ¿qué o quien impide que se apruebe? Son las preguntas que Mira puso en bandeja al diputado popular, Rubén Ibáñez, durante una comparecencia en la que el PP buscaba precisamente pillar en falta al Ejecutivo en su fracaso a la hora de aprobar una ley anunciada como la solución al caos .
Más allá de afirmar que la tramitación de la ley no entra en su ámbito competencial, Mira no entró en materia del por qué de este bloqueo. «Que no les quite el sueño», apostilló al tiempo que descartó posibles recortes en un sector que, ahora sí subrayó, es necesario para prestar servicios y no son «chiringuitos». Compromís y Unides Podemos asumieron el aparcamiento sine die de la ley.
Y es que las preguntas del PP tiene respuestas incómodas para los responsables del Botànic. El primer borrador de la ley conocido al inicio de la pasada legislatura generó un importante incendio tanto en ámbitos sindicales como en el parte del propio Gobierno (léase Compromís) que la interpretó como una suerte de ley de punto final respecto a una plantilla que en su mayoría había accedido a su puesto sin mediar proceso selectivo alguno.
Tras el revuelo generado, el departamento dirigido por Vicent Soler optó por retirar el texto y buscar atajos para la reestructuración vía instrucciones y acuerdos sindicales. Sin embargo, las propias entidades, que a menudo funcionan como reinos de taifas, han frenado muchos de los acuerdos, entre ellos, las ofertas de empleo público, que forzaría a gran parte del personal a aprobar una oposición para seguir en el puesto. La figura del directivo público regulada a través de una ley pondría también en aprietos a alguno de los actuales cargos y reduciría el margen de actuación. En suma, un posible incendio que nadie tiene ganas de afrontar.
