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La ley de Función Pública avanza pese al veto de la derecha al requisito lingüístico

Compromís lamenta que la derecha centre su rechazo solo en la lengua

Primer pleno con todos los
diputados separados por 
mamparas.  miguel á.montesinos

Primer pleno con todos los diputados separados por mamparas. miguel á.montesinos

La ley de la Función Pública valenciana, que ha costado casi un lustro de tramitar por el Consell, salvará en la votación de hoy el primer escollo parlamentario, la enmienda a la totalidad en bloque presentada por los tres partidos del centro derecha, Ciudadanos, PP y Vox, con el rechazo al requisito lingüístico del valenciano como bandera. El debate dejó ayer claro que sobre esta cuestión los dos bloques ideológicos son irreconciliables.

La derecha asegura que la ley impone el valenciano, excluye a los funcionarios que solo hablan castellano y desata la bestia del nacionalismo en la Comunitat Valenciana. La izquierda defiende que el requisito se aplicará con proporcionalidad, pero que el ciudadano valencianohablante tiene el derecho a ser atendido en su lengua por el funcionariado y por tanto el requisito es necesario para garantizar ese derecho. El popular José Antonio Rovira sostiene que la ley dejará fuera a más de la cuarta parte de municipios valencianos a los que la Llei d'Ús declara como zonas castellanoparlantes y que, por ejemplo, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, no podría ser funcionario valenciano.

La diputada de Compromís Nathalie Torres, que ha sido durante cuatro años subdirectora de Política Lingüística en la conselleria de Vicent Marzà, lamenta que la oposición centre todo su discurso en la cuestión lingüística porque el texto tiene 191 artículos y ha pasado todos los filtros jurídicos. La norma responde a un acuerdo en el seno del Consell que ha costado años de tira y afloja y mantiene aún un debate abierto en el seno del tripartito ya que se han presentado una treintena de enmiendas por parte de los grupos del Botànic que hace unas semanas motivaron un choque entre acusaciones de deslealtad del PSPV a Unides Podem.

La consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, presentó el proyecto y recordó que llega a las Corts tras ponerse en marcha en 2016. Bravo asegura que como principal novedad garantiza que los ciudadanos podrán relacionarse con la administración en el idioma que deseen, estableciendo que el valenciano sea lengua de obligado conocimiento entre los funcionarios para «compensar el déficit de conocimiento que arrastran»

Entre los objetivos de la ley, asegura Bravo, destaca la racionalización de las oposiciones, la reducción «drástica» de cuerpos y escalas de 201 a 91, la mejora de la movilidad interna, la bajada de la alta tasa de interinidad, la contratación de 5.000 funcionarios para «evitar que la Administración colapse» y afrontar ese mismo número de jubilaciones que se esperan en la próxima década.

Desde Compromís aplaudían que los socialistas defiendan abiertamente el requisito, que ha sido el principal escollo a la ley en estos años. El diputado de Cs Vicente Fernández pidió a Bravo que se rebele contra sus socios que han presentado enmiendas.

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