La pandemia ha supuesto un duro golpe para las escoletes privadas, no por la incidencia del virus entre los más pequeños —son espacios igual de seguros que los colegios e institutos— sino porque el miedo y, sobre todo, la frágil situación económica y laboral de las familias ha hecho que estas opten por retrasar o no matricular a sus hijos e hijas en este nivel no obligatorio.
Así lo explican desde el sector, con una caída de las matriculaciones que ha dejado a algunos centros con hasta el 50 % de plazas libres, por lo que en muchos casos se han mantenido los ERTE . De no mejorar la situación, avisan, la destrucción de empleo podría confirmarse en enero.
Sebastián Ferrer, presidente de la Sectorial de centros de Educación Infantil de la C. Valenciana (Acade-Adeiv), explica que la previsión era llegar al 50 % de plazas cubiertas en octubre «y no se ha llegado», por lo que teme que haya «más despidos en cuanto finalicen los ERTE».
Si bien en las últimas semanas «se ha animado ligeramente» y ha habido un goteo de nuevas incorporaciones, Ferrer detalla que el problema es la inestabilidad laboral que muchas familias han empezado a sufrir, y que el teletrabajo y los ERTE han dilatado la decisión de los padres y madres de llevar a sus hijos a una escuela infantil.
Por esto, desde Acade-Adeiv piden promocionar un periodo de matriculación extraordinario y, que tanto los ayuntamientos como la Conselleria de Educación convoquen nuevas ayudas (a las que se puedan acoger estas familias ), además de que la Generalitat abone con regularidad el bono infantil (que se paga directamente a los centros y reduce la mensualidad de las familias entre 90 y 180 euros), . «Hacemos de ONG adelantando las ayudas a las familias, pero no nos han pagado, descontamos el dinero según el listado provisional», explica Ferrer.
Desde la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencià (UCEV) calculan que, de media, la bajada de escolares matriculados es de un 20 o 30 % respecto al curso pasado, por lo que está en peligro la «viabilidad» de algunos centros. «Ya nos lo intuíamos, era previsible la retracción de las familias, aunque los centros son seguros porque había mucha planificación y los maestros hacen todo lo posible e imposible para mantener la seguridad», explica Miquel Ruiz, presidente de la UCEV.
Por eso, cree que la clave es «dar confianza y facilitar las ayudas para que la cuestión económica no sea una traba», por lo que también ven conveniente desde UCEV «flexibilizar el bono infantil y estudiar fórmulas que permitan que hasta el último euro de la partida [de 55,5 millones] se ejecute», ya que apuntan que también ha bajado la demanda de la ayuda por parte de las familias.
«Tenemos confianza pero, desgraciadamente, estamos en una situación en la que hay muchas variables e incertezas que inciden muy directamente en las escoletes, y ninguna a favor», lamenta Ruiz.
Por su parte, Mariano Vivancos, el gerente de Feceval-CECE (Federación de Centros de Enseñanza de València), considera que «cómo se resuelva este año será determinante para que la oferta existente se pueda sostener, o no» ya que «más de un centro se planteará la continuidad».
En su caso, afirman que la gestión del bono infantil está siendo problemática porque hay familias que lo tienen concedido pero no llevan a sus hijos a clase (aunque han ocupado una plaza) ; y denuncian que los centros de Infantil se han quedado «al margen» de las ayudas extraordinarias del Consell con las que podrían comprar geles, termómetros...
Desde la Conselleria de Educación confirman que, por motivos legales, «el bono no se puede pagar a los centros si el alumno no va a clase en todo el mes». No obstante, afirman que dadas las circunstancias, si en septiembre ha habido «ausencias puntuales» estas «no se van a tener en cuenta». «Hay ayudar a las familias a vencer el miedo e insistir en que las medidas implantadas hacen que los centros sean espacios», recuerdan.
"En los próximos meses aumentará la confianza de las familias"
Desde la Conselleria de Educación afirman estar en «permanente contacto» con el sector, con quienes se han reunido. Explican que la Dirección General de Centros ha consensuado «hacer un seguimiento de la evaluación de la matrícula» durante el primer trimestre, pues la conselleria considera que los datos de septiembre «no son concluyentes por muchos motivos, entre ellos que, tras seis meses sin clases, hay un comprensible temor de las familias». Por eso creen que, «en los próximos meses, aumentará la confianza de las familias que han decidido no llevar a sus hijos a clase». Cabe recordar que, como medida extraordinaria por la covid, Educación se comprometió a seguir pagando el bono de 2019-20, a pesar del cierre de los centros y para ayudar al mantenimiento del personal. De esos 16,7 millones, la conselleria confirma que ha abonado el 50 %.
