La portavoz del Consell, Mónica Oltra,defendió ayer la importancia de implantar el requisito lingüístico para el acceso a la función pública de todo el funcionariado, incluido el personal sanitario, ya que es necesario para que «puedan atender a la gente que prefiera hablar valenciano». Consciente de que la activación de este requisito pende, una vez las Corts aprueben la nueva ley, de una negociación posterior en el seno o Ejecutivo, Oltra aprovechó para exigir que el reglamento esté listo en un año, es decir, dentro del propio plazo que exige la ley. «Puede tardar doce o trece meses, pero la ley está para cumplirse», advirtió Oltra en previsión de que la negociación se alargue en el tiempo y la capacitación lingüística siga sin aplicarse en las ofertas de empleo público. El mensaje va para la conselleria de Justicia, promotora de la ley y también para el departamento de Educación, que deben ponerse de acuerdo.

La vicepresidenta se posicionó a favor de que el requisito también en el ámbito médico, un colectivo  que en los primeros borradores de la ley llegó a tener la posibilidad de estar exento. La cláusula que abría la puerta a una dispensa cayó del texto definitivo que avaló el Consell, una novedad que ha trascendido esta semana y que ha levantado ampoyas entre el colectivo médico y entre algunos sindicatos. El CSIF alertó ayer de un éxodo mayor de facultativos por la exigencia del requisito que, creen, va en detrimento de la calidad de la prestación del servicio.

Tal como publicó ayer este diario, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas baraja aliviar la presión a los sanitarios en el reglamento, aunque está descartada una excepción general. La idea es solicitar sólo el nivel básico (el elemental) e incluso permitir en algunos puestos una moratoria para acreditar el conocimiento de la lengua. «La prioridad es garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse en la lengua que elijan» contestó Oltra, que descartó que el requisito pueda ahuyentar a los sanitarios y puso como ejemplo otras comunidades como la gallega. Oltra defendió que la relación de confianza entre médico-panciente mejorará, aunque el profesional «tenga que adaptarse» y mantuvo que en este asunto hay acuerdo interno dentro del Ejecutivo y subrayó que le presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo tiene muy «interiorizado».