La subrogación del personal laboral del área de salud de Torrevieja a través de una empresa pública una vez la gestión vuelva a manos públicas es solo «una más» de las fórmulas que la Conselleria de Sanidad tiene sobre la mesa para solucionar el difícil encaje legal de absorber a estos trabajadores después de que la vía Alzira haya quedado prácticamente descartada.
La consellera de Sanidad, Ana Barceló, insistió ayer en que la decisión todavía no está tomada y que, por tanto, no se iban a pronunciar todavía sobre cuál sería el futuro de los 1.400 trabajadores que a partir de octubre de 2021 pasarán a depender de la administración pública aunque reconoció que la empresa pública en la que el Consell está trabajando, y de la que ayer informó Levante-EMV, sería un instrumento muy útil.
«Es un instrumento que nos puede ayudar muchísimo para dar inclusión» al personal de «otros servicios que ahora están externalizados, pero todavía no hemos tomado la decisión», explicó ayer Barceló. Tampoco se sabe, además, si esta empresa pública bajo la denominación de «Sociedad Valenciana para la gestión de Servicios Sanitarios», estará lista a tiempo pese a que la consellera pidió el pasado mes de diciembre que se empezara a trabajar «de urgencia» en la redacción del proyecto de decreto-ley que debe autorizarla.
Llegue a tiempo o no para Torrevieja, puede que sí lo haga para el resto de servicios sanitarios públicos que están en manos privadas y que la Conselleria de Sanidad quiere recuperar. Es el caso de la gestión del diagnóstico por imagen en el Hospital General de València, en manos de Eresa y de la gestión de las resonancias en gran parte de los hospitales valencianos, en manos de la UTE Erescanner. Los contratos han vencido y, de hecho, en el caso del Hospital General el proceso de reversión incluso comenzó pero la llegada de la pandemia lo dejó todo en el aire. Además, el Consell se comprometió en su día a recuperar para la gestión pública antes de tiempo el área de salud de Dénia.
