La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, abogó ayer por un «cambio legislativo» en lo que se refiere a los conciertos educativos para los niveles postobligatorios de Bachillerato y FP.

Tras el fallo del Tribunal Supremo que desestima dos recursos planteados por la Generalitat y que reiteran lo ya dictado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano en mayo de 2018, como publicó ayer Levante-EMV, Oltra considera que se dan «situaciones absurdas» y ve «dos problemas fundamentales»: «si la interpretación que se hace es que cuando un centro está concertado eso es vitalicio», afirmó, «entonces cuando no hagan falta plazas adicionales, el arreglo escolar solo se podría producir cerrando unidades públicas».

Para Oltra, «tener unidades públicas cerradas y estar pagando conciertos innecesarios no parece razonable según criterios de eficiencia». Además, añadió que la resolución judicial también «rompe con uno de los dogmas de la libre competencia»: «¿Por qué solo las empresas que ya están concertadas pueden acceder en igualdad de condiciones a un posible concierto cuando se ha agotado? Lo lógico es que se pueda volver a sacar y empresas o entidades se puedan presentar», consideró Oltra.

Cabe recordar que estas primeras sentencias del Supremo se refieren a los casos particulares del Colegio Nuestra Señora del Pilar de València y la Escuela Profesional La Salle de Paterna, que denunciaron una resolución basada en el decreto del Consell de 2017. Este texto acaba con la renovación automática de los conciertos de FP y Bachillerato, que pasaban a negociarse. Es este punto, el de realizar las peticiones «ex novo» , el que censuran los tribunales.

Desde Compromís creen que el Supremo «no esgrime ninguna argumentación jurídica» y consideran que el dictamen «privilegia a la educación privada ante la pública» por poder renovarse «in eternum contrato»; mientras que en la Federació d’Ensenyament de CC OO PV, afirmaban ayer «observar con preocupación» la jurisprudencia creada, al poder ser una «traba para garantizar los servicios públicos de calidad», por lo que también reclaman «un cambio legislativo».

Para Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv), las sentencias suponen «que se cumpla la ley y un toque de atención para todas las CC AA, porque sienta unas bases y los gobiernos no pueden hacer lo que quieren, tienen que respetar las normas». «Aunque ya ha pasado una promoción, es una buena noticia para familias, alumnos y los colegios», y esta debe contribuir a «buscar puntos en común», detalló.

Ahora, Rodríguez apunta que los centros que pagaron un aval para seguir ofertando estos niveles (como El Pilar) recuperarán el dinero y que la conselleria «deberá pagar sus gastos, además de resarcir» a quienes perdieron su oferta (como La Salle).

Alfredo Martínez, director de El Pilar, reconoce que la sentencia ha supuesto «un alivio» por poder mantener su Bachillerato, y espera que «la colaboración con la Administración siga siendo estrecha». Por su parte, José María Valero, director general de Escuelas Profesionales La Salle, confía en recuperar pronto los FP perdidos «porque alrededor no hay ningún ciclo de estas características» y, así, volver a contratar a una decena de docentes. Precisamente, la renovación de conciertos toca este curso 2020-21.